La Comisión de Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, este lunes, 8 de septiembre, recibió a los representantes de los ministerios de Salud Pública y de Inclusión Económica y Social, como parte del análisis y debate sobre las prioridades de la ejecución presupuestaria correspondiente al sector social, durante los períodos enero-junio 2025 y abril-junio 2025.
José Antonio Gálvez, funcionario de Planificación del Ministerio de Salud Pública, explicó que el trabajo del ministerio está alineado con el Eje Social, el objetivo 1 del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, relacionado con mejorar las condiciones de vida de la población. El presupuesto codificado para esta cartera asciende a USD 2.798 millones, de los cuales USD 2.622 millones corresponden a gasto corriente y USD 176 millones a inversión.
Aseguró que, hasta junio, el total ejecutado alcanzó un 51 % y, considerando el valor gestionado y comprometido, llega al 89 %, con siete programas en marcha, relacionados con atención de infraestructura; adquisición de medicamentos e insumos; atención general de salud; control y contención de enfermedades transmisibles y no transmisibles; pago a prestadores externos y servicios externalizados; atención a problemas de drogas y de salud mental; y el programa Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.
Mientras, Carmen Elizabeth Estacio, de la oficina de Planificación Estratégica del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), informó que el presupuesto prorrogado contempla una asignación de USD 1.948 millones, que se destina en un 96 % a gasto corriente y se cuenta con USD 69 millones para gastos de inversión. Hasta junio de 2025, la ejecución alcanza un 75 % y con los recursos comprometidos con la debida certificación, supera el 80 %, dijo.
Comentó que los fondos del MIES financian un total de siete programas orientados, entre otros, al cuidado especial en el ciclo de vida; al desarrollo infantil; la inclusión social de las familias; inclusión económica y movilidad social; atención gerontológica; atención integral a personas con discapacidad, así como vinculación territorial y participación de la ciudadanía.
EG
