Las legisladoras Ana Herrera, Paola Cabezas, Gabriela Molina y Verónica Íñiguez, presentaron una reforma a la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Al explicar el alcance de la misma, la legisladora Ana Herrera destacó que su objetivo es fortalecer la garantía sobre la protección inmediata para las mujeres, especialmente del sector rural, frente a la violencia basada en género.
La iniciativa busca implementar protocolos obligatorios para que los jefes y tenientes políticos, en la ruralidad, ejecuten de manera inmediata y eficaz las medidas administrativas de protección para mujeres víctimas de violencia y promuevan procesos de capacitación y sensibilización permanente en los niveles descentralizados de gobierno en este sector.
“Buscamos fortalecer las capacidades y conocimientos de las autoridades locales obligadas a hacer cumplir las acciones administrativas, para dar respuestas oportunas a las mujeres denunciantes”, señaló. Por otro lado, la legisladora Paola Cabezas enfatizó que “las víctimas no encuentran suficiente acompañamiento y es necesario que toda la institucionalidad existente se capacite, forme y sea una aliada estratégica en la lucha contra la violencia de género”.
Al respecto, en la propuesta se plantea que, de ser el caso, las autoridades competentes podrán conocer de oficio los casos de amenaza o violación de los derechos de niñas, adolescentes, jóvenes,
adultas y adultas mayores y disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho vulnerado.
“Estas medidas deberán dictarse en un plazo no mayor a 8 horas desde el conocimiento del hecho, o la solicitud verbal o escrita de la víctima, o de un tercero”, se propone en el documento.
Las autoridades deberán remitir una copia inmediata al Registro Único de Violencia, a la Policía Nacional y en caso de necesidad, activar los protocolos interinstitucionales para atención integral, señaló Cabezas. La inobservancia injustificada de estos deberes será considerada una falta administrativa grave, concluyó.
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