En el marco del tratamiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, la Comisión del Derecho a la Salud recibió las observaciones de delegados del Consejo de la Judicatura, de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, así como de los doctores Carlos Miranda y Sebastián Sandoval.
Los representantes del Consejo de la Judicatura —Gina Gómez de la Torre, Carolina Barros y Jonathan Muñoz— realizaron sus observaciones con un enfoque en derechos humanos. Señalaron que, en los casos de gestación subrogada, la persona gestante debe tener derecho a interrumpir el embarazo cuando este represente un riesgo comprobado para su vida o su salud, con base en criterios médicos específicos, como ejercicio de su autonomía reproductiva, sin que ello implique sanciones, represalias ni pérdida de derechos.
Advirtieron la existencia de un vacío legal en la regulación de situaciones no previstas en la gestación subrogada. Por ello, recomendaron dejar explícito que, bajo ninguna circunstancia, la filiación ni la responsabilidad parental pueden condicionarse a la existencia de situaciones imprevistas. Asimismo, solicitaron garantizar una protección integral tanto para la persona gestante como para los niños nacidos, con el fin de armonizar la legislación.
En el ámbito de sus competencias, el Registro Civil centró sus observaciones y recomendaciones en el derecho a la identidad, el registro y la filiación. El abogado Víctor Oquendo consideró pertinente incluir, dentro de las definiciones, la figura de la reproducción humana asistida en domicilio.
Sugirió, además, que se vincule el derecho a la filiación con el sistema Revit (que genera el registro de los nacidos vivos). En este sentido, recomendó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) sea la entidad encargada de modificar los formularios, el formato aplicativo y de incorporar lo referente a la reproducción humana asistida.
Por su parte, el doctor Carlos Miranda, especialista en procesos de embriones, alertó la existencia de una contradicción flagrante entre el derecho del donante a proteger su identidad y el derecho del niño a conocer su origen. En consecuencia, se manifestó en contra de la triple filiación.
Explicó que, cuando una pareja acepta someterse a un proceso de fertilización in vitro debido a dificultades para concebir, debe asumir implícitamente toda la responsabilidad parental. Los donantes, en cambio, participan de manera directa o indirecta sin obligación alguna, aunque el niño debería tener derecho a conocer quiénes fueron las personas que intervinieron en el inicio del proceso. También recalcó la importancia de que quienes se someten a estos procedimientos conozcan los riesgos implicados.
El doctor Sebastián Sandoval, especialista en medicina reproductiva, destacó que las técnicas de reproducción asistida constituyen una herramienta para parejas o personas que, por condiciones médicas o sociales, no pueden cumplir su deseo de procrear. En este sentido, afirmó que la ley debe tener este enfoque como punto de partida, considerando que la triple filiación responde a esa perspectiva.
Entre sus observaciones, señaló la necesidad de aclarar las contradicciones sobre la confidencialidad de los donantes de gametos y el momento en que una persona nacida mediante estas técnicas puede solicitar información sobre sus progenitores. También consideró fundamental regular la exportación de gametos, tanto en su forma comercial como no comercial. Finalmente, expresó su desacuerdo con las prácticas de reproducción asistida domiciliarias, al tratarse de procesos que requieren laboratorios especializados.
Durante el debate, la asambleísta Annabella Azín sugirió revisar la legislación comparada sobre el transporte de gametos y señaló que los procedimientos in vitro deberían ser aleatorios. A su vez, la asambleísta Anny Muñoz preguntó si la ley contribuirá a reducir la desigualdad en el acceso a tratamientos de fertilidad entre los sectores público y privado.
Al cierre de la sesión, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, anunció que las observaciones serán incorporadas en una hoja de ruta destinada a perfeccionar el texto del proyecto.
RSA
