La reforma al Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) recibió nuevas observaciones por parte de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Antonio Ante, las organizaciones Gladney Center for Adoption y Children's Home Society of Minnesota, así como del grupo médico MEDadvance.
Óscar Patiño, representante de la Junta Cantonal de Protección Integral de Derechos de Antonio Ante, resaltó la necesidad de actualizar esta normativa, vigente desde 2003, con el fin de que se armonice con el catálogo de derechos constitucionales.
Para ello se requiere contar con herramientas claras sobre competencias y mecanismos de articulación. “Más allá de una necesidad jurídica, es también un imperativo social y ético, cuyo objetivo es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral”, puntualizó.
En este contexto, recordó que las 200 juntas cantonales cumplen una misión fundamentalmente preventiva y de intervención inmediata, pues actúan como instancias complementarias.
Por su parte, Ximena González, abogada de las agencias de adopción Gladney Center for Adoption y Children's Home Society of Minnesota, identificó dos nudos críticos en los procesos de adopción que deben reformarse. El primero está en el artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), relativo a la calificación de la demanda. El segundo corresponde al artículo 257, sobre los plazos para apelación en el mismo cuerpo legal. Añadió que en el CONA deben incorporarse normas especiales para el procedimiento de adopción.
Asimismo, el presidente del grupo médico MEDadvance, Germán Guerrero, expuso, con base en evidencia científica, sobre el desarrollo neurológico, psicológico y la adaptación de niñas y niños.
En este ámbito sostuvo que las decisiones relacionadas con procedimientos clínicos o quirúrgicos de cambio de sexo deben adoptarse después de los 18 años, en atención al nivel de pensamiento crítico que se alcanza a esa edad.
Al finalizar la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, subrayó que esta retroalimentación es importante para abordar de manera amplia el articulado. Añadió que el debate debe incluir a otros sectores, a fin de evitar discrecionalidades o interpretaciones descontextualizadas al momento de administrar justicia.
AM
