En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió las observaciones de Diana Granja, abogada con experiencia en defensa de los derechos humanos, quien alertó sobre la necesidad de otorgar mayor relevancia a la articulación entre las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Granja señaló que, en las reformas en debate, no se ha dado la debida atención a la relación entre los GAD y estos organismos, lo que invisibiliza su papel y debilita la obligación de trabajar de forma conjunta por la protección de los derechos humanos, en particular de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria.
“Sin un fortalecimiento expreso dentro de las reformas, las juntas cantonales seguirán siendo débiles y dependientes de voluntades políticas. No se trata de crear una nueva estructura, sino de dar solidez a un mecanismo que ya existe y que resulta indispensable para la protección de derechos en cada cantón y municipalidad”, manifestó.
La jurista contextualizó que las Juntas Cantonales son organismos administrativos que forman parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos, cuyo objetivo es defender, garantizar y exigir el respeto de los derechos de grupos prioritarios en los territorios. Están sujetas a los GAD en lo que respecta a organización y financiamiento, y su funcionamiento se vincula directamente con el Código de la Niñez y Adolescencia.
Granja recordó que, en el artículo 35 de la Constitución de la República, se establece la atención prioritaria a estos grupos, mientras que el COOTAD dispone “de forma escueta” la creación de un Consejo Cantonal y una Junta Cantonal para cumplir con esta finalidad. Por ello, resaltó que es un deber constitucional de los GAD financiar y garantizar el funcionamiento permanente de estas instancias, más allá de actos de buena voluntad, ya que muchos municipios alegan que no existe un mandato expreso.
Además, consideró necesario institucionalizar a las Juntas Cantonales, vinculándolas a las Secretarías de Inclusión Social o estructuras similares en los GAD para garantizar una articulación integral con políticas de género, movilidad humana e interculturalidad. “Es necesario que el COOTAD las reconozca de forma expresa, obligando a los municipios a implementar y asegurar su sostenibilidad. Se trata de un acto de coherencia constitucional y de respeto a los derechos humanos, que no puede depender de la voluntad política”, concluyó.
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