La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte aprobó, con seis votos a favor y tres abstenciones, el informe para segundo debate sobre el Proyecto de Ley Reformatoria de Eficiencia e Integridad en el Sistema de Salud Pública. El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, informó que la propuesta de ley será remitida a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que continúe con el trámite conforme lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La reforma a la Ley Orgánica de Salud introduce modificaciones fundamentales que buscan actualizar el marco normativo a las exigencias técnicas y estructurales actuales del sistema sanitario.
Según el documento, uno de los principales avances es la definición más clara del objeto de la ley, que deja de limitarse a regular los servicios médicos y se orienta a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud.
Esto implica una transformación conceptual del rol del Estado, que pasa de ser únicamente proveedor a asumir una responsabilidad integral de rectoría, regulación, monitoreo y evaluación del sistema de salud, bajo un enfoque de derechos y con principios como integralidad, interculturalidad, bioética e intersectorialidad.
La Comisión concluye que la propuesta fortalece la rectoría del sistema de salud y mejora la gobernanza pública, ya que otorga al Ministerio de Salud Pública mayores capacidades normativas, regulatorias y técnicas, necesarias para liderar un sistema más articulado, eficaz y alineado con los principios constitucionales.
Esta clarificación de funciones, añade el informe, fortalece la gobernanza sectorial y permite una respuesta más oportuna y coherente ante los desafíos sanitarios del país.
La Comisión llevó a cabo varias sesiones ordinarias con el fin de recibir aportes técnicos, sugerencias y propuestas de la ciudadanía, organizaciones sociales, ministerios y otras instituciones públicas.
Reproducción asistida
La Comisión continuó con la recepción de observaciones por parte de varios actores de la salud sobre el Proyecto de Ley Orgánica que Regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, cuyo informe para primer debate aún se encuentra en construcción
Juana Rivero Murillo, directora de la Unidad de Reproducción Humana, mencionó que los especialistas en esta área están muy interesados en que exista una regulación de procedimientos como la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la fertilización de embriones, la donación de óvulos y la gestación subrogada.
Señaló que la propuesta está orientada, sobre todo, a regular la gestación por subrogación, técnica que dijo es controversial por sus implicaciones éticas y jurídicas, y además poco frecuente. No obstante, consideró necesario establecer parámetros claros para los casos en que exista indicación médica, como la ausencia de útero, malformaciones genéticas o lesiones que impidan a la mujer llevar un embarazo. Subrayó que la regulación permitiría brindar seguridad jurídica a los pacientes que lo necesitan.
Por su parte, la doctora María Alejandra Armijos, especialista en alteraciones del ciclo menstrual y salud reproductiva, advirtió que una de cada cinco parejas ecuatorianas enfrenta problemas de infertilidad. Señaló la contradicción de hablar de derecho a la salud al mismo tiempo que se promueven las técnicas de reproducción asistida como solución directa a esta condición.
Explicó que la infertilidad es un problema de salud importante que merece atención, pero rara vez es un fenómeno aislado, pues suele estar asociado a otras condiciones que afectan la salud general del individuo.
En ese sentido, sostuvo que sugerir que las técnicas de reproducción asistida devuelven la salud sería como afirmar que a una persona que perdió el cabello por una enfermedad se le restituye la salud con una peluca: “son cosas diferentes”, puntualizó.
Respecto a las tasas de éxito de estas técnicas, señaló que dependen de múltiples variables, con un promedio cercano al 30 %, cifra que disminuye a medida que aumenta la edad de la paciente. A pesar de esta baja efectividad, destacó que la popularidad de los procedimientos es muy alta.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, tras la exposición de los invitados, suspendió la sesión, la cual será retomada mañana con la intervención del doctor Farith Simon Campaña, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Franncisco de Quito.
RSA
