La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social conoció el pedido de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presentado el 30 de junio de 2025. En dicho documento se solicita que el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador regrese al Consejo de Administración Legislativa (CAL), para que este lo remita a la Comisión de Soberanía, argumentando el principio de especialidad de materia. Caso contrario, se plantea que se ratifique su tratamiento en la Comisión de Trabajadores.
Asimismo, se mencionaron las resoluciones que disponen la unificación del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional con el Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador, pese a que tratan materias distintas.
Durante la sesión, el asambleísta Andrés Castillo, presidente (e) de la Comisión de Seguridad Integral, explicó las razones por las cuales es prudente y jurídicamente viable trasladar el tratamiento del proyecto a la Comisión de Seguridad. Señaló que, cuando se aborda el tema del Isspol dentro del proyecto de ley, no se trata de un régimen laboral de la Policía Nacional, sino de instituciones reguladas por el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop), normativa que corresponde al ámbito de la Comisión de Seguridad. Por ello, invocando el principio de especialidad, solicitó coordinar acciones para que el proyecto sea tratado en dicha Comisión.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Eckener Recalde, aclaró que se trata de dos cuerpos legales que actualmente se tramitan de manera unificada. En cumplimiento de una resolución de la Corte Constitucional y por especialidad de la materia, se continuará tratando en esta mesa lo referente a la seguridad social del Isspol. En cambio, el proyecto que aborda la administración del talento humano y la estructura organizacional de la Policía correspondería a la Comisión de Seguridad Integral.
En ese sentido, la Comisión resolverá el requerimiento mediante el debate respectivo, en observancia del marco legal y las competencias establecidas.
El asesor parlamentario, José Váscones, precisó que el error radica en la unificación de dos proyectos con materias distintas: uno que regula la estructura de la Policía Nacional y otro que aborda la seguridad social de sus miembros. Recordó que, por técnica legislativa, debe respetarse la unidad de materia: las reformas al Coescop corresponden a la estructura institucional, mientras que la Ley de Seguridad Social de la Policía regula prestaciones como años de servicio, ascensos, escalas y otros beneficios. Agregó que el texto actual propone separar a la Policía Nacional del Coescop para devolverle autonomía institucional, lo que refuerza la necesidad de desagregar los proyectos y remitir el primero a la Comisión de Soberanía.
En el debate, el asambleísta Roberto Cuero señaló que el procedimiento presenta irregularidades y duplicidad de acciones, aunque estas pueden ser subsanadas. Juan Pablo Molina consideró que no existe impedimento para que el proyecto se tramite en la Comisión de Trabajadores, pero sugirió mantener un diálogo con la Comisión de Seguridad para enriquecer el análisis.
La asambleísta Naila Quintana reconoció que existen competencias específicas de la Comisión de Seguridad en torno a la Policía Nacional, por lo que podrían aportar de manera complementaria. Humberto Alvarado propuso invitar a los actores relacionados con la ley para que aclaren su postura sobre las propuestas presentadas.
Al cierre de la sesión, el presidente Recalde concluyó que, aunque se trata de proyectos relacionados con la misma institución policial, sus contenidos no son compatibles y deben tratarse por separado. Dispuso al equipo asesor elaborar un informe técnico jurídico con la documentación y criterios recopilados sobre el tema.
RSA
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