Representantes del sector financiero y bancario aportaron criterios en el marco del análisis al proyecto de Ley de Educación Financiera que la Comisión de Educación lleva adelante. Durante la sesión, las observaciones giraron en torno al establecimiento, bajo mandato legal, de esta enseñanza como una herramienta ciudadana fundamental para una vida económica más estable y libre de riesgos asociados.
Marco Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca), subrayó que la educación financiera es un pilar fundamental para la participación de consumidores más informados y capaces de entender y gestionar riesgos futuros en el mercado financiero y explicó que, desde 2013, los bancos en el país aplican programas de formación en la materia para conseguir este objetivo, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.
“Estos programas están dirigidos a distintos segmentos de la población, como jóvenes, migrantes, emprendedores y comunidades rurales, y abordan temáticas como ahorro, inversión, presupuesto familiar, endeudamiento responsable y seguridad social”, indicó y recalcó que para la banca, la educación financiera no es un gasto, sino una inversión, pero sin un impulso nacional que unifique los esfuerzos públicos y privados, no se alcanzarán los resultados que el país necesita.
Por su parte, Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red Financiera de Desarrollo, resaltó que la inclusión financiera es clave para que las personas enfrenten los shocks de la economía y piensen en un futuro tranquilo. Recordó que en 2023 se aprobó la Estrategia Nacional de Educación Financiera, impulsada por el Ministerio de Educación, lo que constituye un avance importante. Sin embargo, advirtió que los índices de inclusión ciudadana en el sistema financiero del Ecuador siguen siendo bajos en comparación con los de América Latina.
“Hay muchas iniciativas de inclusión y educación financiera, pero sin una estrategia común no habrá resultados sostenibles en el tiempo. La ley es fundamental porque da institucionalidad, asegura la transversalidad en las políticas públicas y garantiza que la educación financiera se incorpore en la malla curricular”, explicó Llerena.
La autoridad insistió en que el desafío no solo está en el ámbito educativo, “pues existe también una población fuera del sistema escolar que requiere formación en el manejo de sus recursos”. Además, advirtió que, aunque más del 80 % de la población en edad de trabajar posee algún producto financiero, apenas el 30 % accede a crédito formal y, en los últimos cinco años, tres de cada diez personas que ingresaron al sistema cayeron en cartera castigada, es decir, en el Ecuador existen cerca de 1,3 millones de personas con deudas impagas.
“La educación financiera es indispensable para prevenir estos casos y avanzar hacia una verdadera inclusión”, concluyó Llerena.
Al finalizar la sesión, la legisladora Cecilia Baltazar, quien preside la comisión, agradeció los aportes de estos sectores y reconoció la necesidad de acoger distintas visiones sobre la importancia de la educación financiera en el Ecuador, con el objetivo de fortalecer la presencia de este aprendizaje en el Sistema Educativo Nacional.
CV
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