La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, recibió la comparecencia del doctor Juan Carlos Paz, Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quien aportó con criterios técnicos-jurídicos en el marco del proceso de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia.
En su intervención, resaltó la importancia de adecuar el Código de la Niñez y Adolescencia a los mandatos de la Constitución y a los instrumentos internacionales en materia de derechos de la niñez. Subrayó que la doctrina de protección integral exige superar enfoques reactivos y garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad, especialización, presupuesto y corresponsabilidad entre Estado, sociedad y familia.
Recordó que principios fundamentales como el interés superior del niño, la igualdad y no discriminación, la prioridad absoluta y la participación solidaria deben guiar todas las reformas y prácticas en este ámbito. Asimismo, señaló que el Estado ecuatoriano debe reforzar las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño en febrero de 2025 y adaptarlas en las reformas al Código.
Entre sus principales aportes, resaltó la necesidad de mantener una justicia especializada en niñez y adolescencia, eliminar conceptos cuestionados, como el denominado “síndrome de alienación parental”, reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y garantizar que las medidas de protección se tramiten mediante procesos especiales, evitando trámites excesivamente complejos.
En comisión general, también se recibió los aportes de Glenda García, presidenta de la organización ODHE VIDA SALUD JUSTICIA, quien expresó su reconocimiento a la mesa legislativa por abrir espacios de participación y señaló que las reformas al Código deben consolidarse bajo una visión integral que garantice la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes, en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.
En este sentido, propuso reforzar el objeto y principios rectores del Código, ampliar las definiciones para incluir la categoría de primera infancia, reconocer expresamente la protección desde la concepción, y fortalecer los mecanismos de control sobre los programas de salud y nutrición destinados a la niñez.
Además, enfatizó la necesidad de revisar disposiciones sensibles como la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, recalcando que todo cambio normativo debe priorizar el interés superior del niño y garantizar la corresponsabilidad familiar, institucional y estatal en la protección integral de sus derechos.
MEV
