En el marco del análisis del proyecto de Ley de Inteligencia Artificial que la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales lleva adelante, este organismo recibió aportes de expertos y actores del sector, quienes coincidieron en la necesidad de dotar al país de una normativa que combine oportunidades de desarrollo, prevención de riesgos y fortalecimiento de la autonomía tecnológica nacional.
Mateo Moreira, consultor en tecnología y negocios, destacó que el fomento de inteligencia artificial en el mercado nacional podría aportar aproximadamente USD 750 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, o bajo una proyección optimista, ese aporte podría alcanzar hasta el 0,75 % del PIB, es decir, USD 3.786 millones por año. “Para que esto sea una realidad, la IA debe adoptarse de manera seria y estratégica”, puntualizó.
En cuanto a riesgos, señaló la discriminación algorítmica en ámbitos como los créditos y el reclutamiento laboral; la desinformación y los deepfakes, considerando que el 69 % de la población ecuatoriana utiliza redes sociales; y el impacto en el empleo, con hasta 2,2 millones de trabajos potencialmente automatizables en el país.
Frente a esto, propuso seis observaciones: un marco de riesgos adaptado al Ecuador; la creación de una entidad reguladora; el desarrollo de un capítulo específico sobre IA generativa; la introducción de derechos ciudadanos como la explicabilidad; auditorías algorítmicas obligatorias; y el análisis del impacto económico en empresas y startups. Finalmente, recomendó la creación de una agencia nacional de IA e incentivos para el talento y la academia.
Por su parte, Charlie Arellano, CEO de Oranji y divulgador en IA, enfatizó que el país debe superar la visión de temor y orientar la ley hacia el fomento estratégico y la autonomía tecnológica. “De no hacerlo, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un simple consumidor de esta tecnología”, dijo. Para el experto, la normativa debe garantizar investigación, desarrollo y el fortalecimiento del talento nacional.
Coincidió en la propuesta de conformar una agencia reguladora autónoma, con participación plural de academia, industria, sociedad civil y Estado, que evite conflictos de interés. Además, sugirió la creación de un fondo de inversión anual para proyectos de IA, así como normas claras de transparencia y trazabilidad en el uso de datos y el etiquetado de contenidos generados por inteligencia artificial, especialmente en contextos de riesgo como la propaganda electoral.
Durante el debate, el asambleísta Patricio Chávez planteó la necesidad de priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en esta ley. “El reto es alinear los modelos de IA con los valores que como sociedad queremos incentivar, garantizando protocolos éticos que eviten sesgos en su entrenamiento”, dijo.
Al finalizar la sesión, la Comisión avocó conocimiento de dos proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, presentados por los exasambleístas María Encarnación Duchi y Carlos Cambala.
CV
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