El doctor Pedro Avella Franco, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal - Extinción del Derecho de Dominio, de la República de Colombia, expresó sus puntos de vista respecto al proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador analiza en primer debate.
Vía telemática, desde Bogotá, el magistrado —con 37 años de experiencia, 18 en el ámbito penal y 15 en la acción de extinción de dominio— señaló que Colombia es pionera en la aplicación de la acción de extinción del derecho de dominio, actualmente autónoma e independiente del proceso penal. Subrayó que el sistema penal es una necesidad de los Estados, tanto como política anticriminal, cuanto como mecanismo de protección de bienes jurídicos de alta consideración social.
Afirmó que la acción de extinción del derecho de dominio constituye una herramienta supremamente eficaz y eficiente en la materialización de la política anticriminal del Estado.
Explicó que, al pensar en derecho penal, se debe considerar paralelamente la eficacia de la acción de extinción del derecho de dominio, que busca perseguir el narcotráfico, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el comercio ilegal de armas, así como proteger el medio ambiente frente a las organizaciones delictivas de gran escala, siendo un mecanismo contundente para atacar sus finanzas.
“La acción de extinción del derecho de dominio le presta un gran servicio a la política anticriminal del Estado”, destacó el magistrado, al señalar que le parece de gran interés que, en el proyecto de reformas, se contemple la creación del Sistema de Control Patrimonial y de la Unidad Técnica Operativa de Integridad Judicial, así como la constitución de un Consejo Interinstitucional de Coordinación del Sistema de Control Patrimonial.
Por su parte, Rosa Torres, presidenta de la Comisión de Justicia, agradeció los aportes del jurista y destacó que el control patrimonial propuesto en las reformas no solo busca desarticular las economías criminales, sino también fortalecer el seguimiento y la prevención frente a la corrupción y al narcotráfico en el sistema de administración de justicia.
RSA
