En cumplimiento del debido proceso y en estricto apego a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), el Consejo de Administración Legislativa (CAL), en su sesión No. 024, sustanció la queja presentada por la legisladora Nataly Morillo contra la asambleísta Mónica Palacios.
Durante la etapa de actuación de prueba, Morillo solicitó reproducir parte de la sesión No. 037 de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, realizada el 10 de septiembre de 2025. Dicha sesión, afirmó, fue interrumpida por gritos, y la exhibición de carteles difamatorios con los que se acusó al Presidente de la República, Daniel Noboa Azin, y a la primera dama, Lavinia Valbonesi, de presunto tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals.
Según Morillo, estas expresiones alteraron el orden, configurando incidentes muy graves previstos en los numerales 3 y 5 del artículo 171 de la LOFL. “No se trató de expresiones privadas, sino de un incidente proyectado hacia la opinión pública, generando un linchamiento mediático contra la primera dama, el presidente y la comisión”, sostuvo.
Como parte de las pruebas actuadas, Morillo presentó oficios del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que certifican la inexistencia de donaciones, transferencias o vínculos económicos entre la empresa Dundee Precious Metals y la primera dama o el Presidente de la República. “Se han difundido calumnias sin respaldo probatorio, que lesionan la honra, y afectan la credibilidad de la Asamblea Nacional”, señaló, al solicitar que se tramite la sanción prevista para las faltas muy graves.
Por su parte, la legisladora Mónica Palacios argumentó que su actuación se enmarcó en sus atribuciones de fiscalización y control político, previstas en el artículo 120 de la Constitución y el artículo 9 de la LOFL. “La supuesta falta no puede analizarse sobre la base de juicios de valor a mis expresiones. Debe limitarse a establecer si provoqué instigación a la violencia, o si utilicé términos ofensivos o discriminatorios en sesión, lo cual no ocurrió”, manifestó.
En su defensa, Palacios sostuvo que se ha intentado imputarle la comisión de un delito, lo cual vulnera sus derechos como legisladora, a la fiscalización y control político, y como madre lactante, a su bienestar y al de su hijo.
Una vez cumplida la fase de alegatos, corresponderá al CAL emitir y notificar su resolución dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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