En el marco del análisis del proyecto que busca reformar la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibió los aportes de Pamela Jaramillo, directora nacional de Análisis Normativo, y de David Zamora, director nacional de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.
La iniciativa, señaló Jaramillo, se enmarca en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del 21 de noviembre de 2024 sobre el caso Furukawa. Recordó que la Defensoría del Pueblo también presentó una propuesta de reforma a varios cuerpos legales para erradicar la servidumbre de la gleba, considerada una forma de esclavitud moderna.
En la sentencia, detalló, la Corte Constitucional dispone modificar el Código de Trabajo, la Ley de Servicio Público y la Ley de Compañías, para prohibir que personas con conflictos de interés en el control de la esclavitud moderna ocupen cargos en el Ministerio de Trabajo y otras carteras de Estado. En este contexto, consideró pertinente unificar los proyectos en un solo cuerpo legal.
Por otro lado, Zamora explicó que, según el análisis de la Defensoría del Pueblo, el proyecto se fundamenta en los artículos 1 y 3 de la Constitución de la República, que definen al Ecuador como un Estado de derechos y justicia y establecen la obligación de garantizar, sin distinción alguna, el goce de derechos. Destacó que la iniciativa se alinea con los Protocolos de Palermo, orientados a prevenir, reprimir y sancionar la trata de mujeres, niños y niñas.
Subrayó que, en el proyecto planteado por Cabezas, la institucionalización de “equipos de casos” es un ejemplo de cómo la ley busca materializar la atención integral a las víctimas. Sin embargo, advirtió que el monitoreo de ofertas laborales en medios digitales, incluido en el proyecto, requiere herramientas tecnológicas avanzadas, personal especializado en ciberseguridad y cooperación con grandes empresas de internet.
Sobre la inspección en zonas rurales, consideró que, aunque pertinente, enfrenta limitaciones logísticas y altos niveles de informalidad. Para detectar casos como el de Furukawa, señaló: “Se necesita más que simples inspecciones. Se requiere de la presencia activa del Estado a escala nacional”
Al respecto, enfatizó que la ley debe estar acompañada de un plan de implementación con asignación presupuestaria clara, pues la sostenibilidad a largo plazo exige inversión nacional significativa, más allá de la cooperación y fondos internacionales. Asimismo, recalcó la necesidad de programas de capacitación continua a nivel nacional, tanto en monitoreo digital como en fiscalización rural y atención a víctimas de trata.
En el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez consultó sobre las diferencias entre las dos propuestas. Jaramillo explicó que la presentada por la Defensoría del Pueblo prioriza la prevención de la servidumbre de la gleba, mientras que la de Cabezas se centra en el tráfico ilícito de migrantes, aunque insistió en que ambas podrían ser unificadas para su trámite conjunto.
Finalmente, la presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, agradeció la participación de la entidad y subrayó que su participación resulta fundamental para garantizar que la iniciativa responda a la protección efectiva de los derechos humanos.
CV
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