Representantes de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces) expusieron sus criterios respecto al Proyecto de Ley Orgánica que regula el Derecho a la Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, actualmente en trámite para primer debate en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte.
Daniel Estrada Castellanos, de la Dirección de Gestión Académica de Tercer y Cuarto Nivel del Senescyt informó que trabajan en un nuevo acuerdo que definirá las carreras vinculadas al Plan Nacional 2026. Manifestó su apertura y compromiso para entregar toda la información necesaria que permita optimizar y fortalecer la visión del proyecto de ley.
Reiteró además su disposición para que la política pública resultante de la nueva normativa aporte a que las universidades y escuelas politécnicas orienten sus acciones hacia la garantía de derechos.
Por su parte, Estefanía Ortiz Torres, procuradora del Caces, aclaró que esta institución no forma parte de la absorción realizada dentro del Ministerio de Educación. Recordó que el organismo es público, autónomo, creado por la Constitución, y que entre sus competencias están la evaluación y acreditación de instituciones de educación superior, carreras y programas.
Precisó que el Caces no tiene una competencia específica dentro del proyecto de ley. Sin embargo, en relación con la habilitación profesional contemplada en el texto, explicó que el Consejo desarrolla y aplica el examen correspondiente para médicos, enfermeros, odontólogos y, en el futuro, psicólogos. Señaló que no disponen de información específica sobre especialistas, pues el examen se dirige a médicos en general, y es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) la que otorga el código y valida el cumplimiento de los requisitos para la habilitación profesional.
Ortiz recomendó que se invite al Consejo de Educación Superior (CES), entidad que por ley tiene la competencia de planificar y regular lo obligatorio para universidades y escuelas politécnicas. Destacó que, dentro de su autonomía responsable, el CES podría incluir en las mallas curriculares y en la oferta académica carreras y programas relacionados con la reproducción asistida.
Durante el debate, la asambleísta Annie Muñoz consultó si las universidades e institutos cuentan con programas actualizados en medicina, biología y bioética que preparen a profesionales en técnicas de reproducción asistida, y qué estándares de calidad se aplican para acreditar esas carreras y especialidades. La funcionaria del Cases respondió que la información sobre las carreras aprobadas corresponde al CES.
La legisladora Annabella Azin puntualizó que la reproducción asistida es una subespecialidad de la ginecología y que no todos los ginecólogos están capacitados para realizar estos procedimientos. Insistió en que únicamente médicos especialistas en reproducción asistida, con formación en ginecología y obstetricia, deben llevarlos a cabo.
De su lado, la asambleísta Milena Jácome recalcó la necesidad de incorporar especialistas en reproducción asistida dentro de las mallas curriculares y ofertas académicas, con el fin de evitar riesgos en la salud y la vida de las mujeres.
Antes de cerrar la sesión, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes, destacó la importancia de recibir observaciones que permitan construir una ley transversal. Adelantó que se solicitará un registro de especialistas y que se invitará al CES para ampliar el debate.
RSA
