En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, que unifica varias propuestas legislativas, la Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a José Soriano, ingeniero y conferencista nacional, quien presentó sus observaciones y recomendaciones a la propuesta normativa.
Durante su intervención, Soriano destacó la coherencia jurídica de la ley, al señalar que la iniciativa se encuentra alineada con la Constitución de la República del Ecuador y con la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. Mencionó que el proyecto respalda el mandato estatal de garantizar la soberanía alimentaria y su aporte en el reconocimiento del derecho al acceso a alimentos suficientes, nutritivos y culturalmente apropiados.
Sin embargo, recalcó que la propuesta no contempla de manera expresa al Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), espacio institucional encargado de coordinar políticas en la materia, ni al rol de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), pese a que ambos organismos cuentan con reconocimiento constitucional y legal como instancias de participación social y consulta obligatoria.
Asimismo, entre otros aspectos, resaltó el reconocimiento de los derechos de pequeños y medianos productores, el fomento a la agricultura familiar campesina y a la agroecología, así como la prioridad otorgada a la contratación pública de la producción local, mecanismos que, dijo, fortalecen el vínculo entre productores y consumidores. También valoró el enfoque diferenciado hacia mujeres, jóvenes y la inclusión de principios de sostenibilidad y protección ambiental.
Como limitaciones, mencionó la escasa participación otorgada a pueblos y nacionalidades en el Consejo Consultivo Agropecuario, lo que consideró insuficiente para garantizar una representación efectiva en la toma de decisiones. Además, observó riesgos de superposición institucional entre el Sistema Nacional Agropecuario y el SISAN, así como una débil mención a la participación comunitaria en el diseño y control de políticas públicas.
En sus recomendaciones, propuso integrar de manera efectiva al SISAN y la COPISA en la estructura institucional del proyecto, aumentar la representación de organizaciones sociales y campesinas con delegaciones paritarias y rotativas, e incorporar cláusulas que eviten la concentración de tierras y recursos, priorizando criterios sociales y ambientales. Asimismo, sugirió reforzar el enfoque de género y juventud, y asegurar la coordinación obligatoria con la LORSA, a fin de evitar contradicciones normativas.
Finalmente, concluyó que la propuesta legislativa presenta coherencia constitucional y sustento en derechos, pero advirtió que mantiene un sesgo institucional centralista que individualiza a los espacios de participación social establecidos en la Constitución, como el SISAN y la COPISA. Subrayó que para garantizar la soberanía alimentaria es indispensable asegurar la participación activa de la ciudadanía y de los actores del campo en la toma de decisiones.
MEV
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