En la Comisión del Derecho al Trabajo, Graciela Monesterolo Lencioni, experta en Derecho Laboral y docente universitaria, expuso sus criterios jurídicos respecto al proyecto de Ley Reformatoria al Código de Trabajo para la Gestión Ética y Transparencia en Asociaciones y Sindicatos de Trabajadores, previo a la elaboración del informe para primer debate. Señaló que el proyecto, aunque breve, está plenamente justificado, dada la práctica que se evidencia en ciertos casos de enquistamiento de directivos, lo cual afecta, sin duda, a los demás miembros de las asociaciones de trabajadores.
No obstante, la experta consideró necesario ser cautelosos y armonizar el principio del numeral 8 del artículo 326 de la Constitución, que establece que el funcionamiento de las organizaciones debe ser democrático, participativo y transparente, con alternabilidad en la dirección.
Sugirió que, en la integración de las directivas, los períodos se establezcan hasta por cuatro años, dejando a cada organización la facultad de definir su duración. Dichos períodos podrían ser consecutivos o no, pero no limitarse únicamente a una reelección, como plantea el proyecto.
Agregó que, para garantizar la alternancia y renovación de las directivas, podría estipularse que 60 días antes de la finalización del período de gestión se convoque a elecciones, con el fin de evitar prórrogas indefinidas o automáticas.
En cuanto a la rendición de cuentas, Monesterolo señaló que debe ser una obligación de las directivas de las asociaciones informar a sus afiliados, y que estos, eventualmente, tengan la facultad de solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo, de manera que no se afecte la autonomía de las organizaciones. Propuso que dicha rendición sea revisada cada dos años.
Respecto a las obligaciones de las autoridades laborales, indicó que el artículo 451 del Código de Trabajo establece que dichas autoridades deben auspiciar y fomentar la organización de asociaciones de trabajadores, pero no menciona la supervisión o fiscalización de su accionar.
Tras la intervención, la asambleísta Naila Quintana manifestó su preocupación sobre el tiempo que se debería sugerir para la gestión de una directiva sindical, de forma que se permita cumplir con los proyectos planificados. En la misma línea, Roberto Cuero coincidió en la importancia de considerar la temporalidad de dichos proyectos. Ante esto, la experta respondió que los tiempos son manejables y no impedirían el cumplimiento de iniciativas ambiciosas o programadas, además de advertir sobre el riesgo de caer en la hiperregulación.
Por su parte, Ecknner Recalde, presidente de la Comisión, compartió el criterio de que las organizaciones sindicales existen para defender los intereses y derechos de los trabajadores. Recordó que, al existir un marco legal constitucional y un Código de Trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de emitir directrices en beneficio de los trabajadores. Añadió que no deben existir sindicatos de primera, segunda o tercera categoría, pues la ley es igualitaria y las organizaciones deben actuar en ese sentido.
Finalmente, la ciudadana Jennyfer Marín, quien participó como asambleísta por un día, destacó el esfuerzo de los legisladores por elaborar leyes que protejan y fortalezcan los derechos de los ecuatorianos, así como la apertura a la participación en estos espacios, especialmente de la juventud. Al no haber más puntos en el orden del día, Ecknner Recalde dio por concluida la sesión 031, no sin antes solicitar que las observaciones se remitan por escrito.
RSA
