La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, recibió a representantes de organismos internacionales, especialistas y actores del sistema de protección pública, quienes presentaron sus aportes técnicos y jurídicos a la propuesta legislativa.
Durante su intervención, José Guerra, delegado de UNICEF, resaltó la necesidad de contar con un marco normativo integral y actualizado que garantice efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia en el país. Señaló que, el Código vigente ha sufrido múltiples reformas parciales y ya no responde a las realidades actuales ni a los estándares internacionales.
En este sentido, enfatizó que no bastan cambios puntuales, sino que se requiere una reforma estructural que se articule con la Constitución de 2008 y con los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador. Asimismo, advirtió que más del 60% de los consejos cantonales de protección carecen de capacidades para atender adecuadamente a la niñez y adolescencia, por lo que insistió en fortalecer la institucionalidad para que las reformas se traduzcan en servicios concretos en los territorios.
Por su parte, el psicólogo Ronny Rodríguez subrayó que la salud mental ha sido un tema relegado y que es indispensable reforzar las políticas públicas en este ámbito, especialmente durante la adolescencia, etapa decisiva para el desarrollo emocional y cognitivo. Señaló que la escuela constituye un espacio estratégico para la detección temprana, pero advirtió que este trabajo debe complementarse con la orientación a padres y familias. Recalcó, además, la necesidad de mayor inversión y personal especializado en el sistema educativo y de salud para garantizar un abordaje integral que proteja derechos y promueva el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.
En su intervención, Rolando Andrade presentó una propuesta orientada a prevenir vulneraciones de derechos en el marco de segundas nupcias matrimoniales. Destacó la importancia de armonizar la Constitución, el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia, a fin de garantizar que el interés superior de la niñez prevalezca en procesos relacionados con matrimonio, adopción y patria potestad. Además, señaló la necesidad de revisar disposiciones específicas del Código Civil y de la Niñez para incorporar mecanismos de prevención y protección que fortalezcan la seguridad jurídica y prioricen el bienestar de los niños y adolescentes frente a nuevas dinámicas familiares.
Finalmente, la defensora pública, Marcela Borja, recordó que desde la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 rige la Doctrina de Protección Especial, que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Enfatizó la importancia de eliminar el uso del término “menor” en el lenguaje jurídico por su carácter peyorativo y reemplazarlo por la denominación adecuada. Informó además que la Defensoría Pública presentó en 2023 una propuesta normativa para reformar el artículo 77 del Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin de garantizar la correcta aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de niños, en el marco de la creciente realidad de familias transnacionales en el país.
MEV
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