En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, Reformatoria a la Ley Orgánica de Transformación Digital y Audiovisual, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibió observaciones de delegados de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador (Asetel) y de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (Citec).
La abogada Patricia Falconí, representante de Asetel, destacó que cualquier normativa sobre ciberseguridad debe ser lo suficientemente amplia y flexible para adaptarse a los avances tecnológicos. Precisó que desde el sector de telecomunicaciones se ejecutan constantes auditorías y mejoras continuas en materia de ciberseguridad, por lo que robustecer la seguridad de la información resulta clave.
“El 97 % de las vulnerabilidades detectadas provienen del usuario final. Sin educación, la ciberseguridad no será posible. Si un usuario abre un correo con malware, por más esfuerzos que hagamos, siempre habrá riesgos”, afirmó.
Falconí planteó que el artículo 20 del proyecto, referido a los principios de ciberseguridad, incorpore la necesidad de contar con autorización judicial previa para la disponibilidad de información, en concordancia con dictámenes de la Corte Constitucional sobre datos personales. Asimismo, defendió la vigencia del principio de neutralidad tecnológica, evitando la imposición de tecnologías o proveedores que limiten el desarrollo del sector.
Por su parte, en una breve intervención, Andrés Vega, director de Asuntos Regulatorios de Citec, subrayó la importancia de contar con definiciones claras sobre servicios esenciales e infraestructura crítica digital, para evitar ambigüedades que extiendan responsabilidades a toda la cadena de servicios digitales.
Felicitó que la reforma busque armonizar la normativa vigente y evitar duplicidades regulatorias, especialmente considerando que la industria ya se rige por marcos específicos como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
En otro punto, la Comisión resolvió, con siete votos favorables, iniciar un proceso de fiscalización sobre los hechos de violencia ocurridos durante las movilizaciones de septiembre de 2025. Para ello, se dispuso un plazo de 60 días para conocer, analizar y emitir un informe no vinculante sobre estos acontecimientos.
CV
