La violencia sexual clerical es uno de los últimos aspectos que se incorporará en el informe del proceso de fiscalización sobre la falta de acción de la Función Judicial para investigar y sancionar los delitos contra la integridad sexual cometidos en instituciones públicas y privadas, que lleva adelante la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes.
La moción para incluir este tema, presentada por la legisladora Mireya Pazmiño, fue aprobada con nueve votos a favor. En consecuencia, el informe será ampliado con la incorporación de la fiscalización del documento denominado “Informe Violencia Sexual Clerical: cartografía de la impunidad”, elaborado por la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe.
Previo a esta decisión, la presidenta de la mesa legislativa, Viviana Veloz, recordó que este tema contó con amplia participación y que, en el análisis, se han identificado cifras que deberían encender alertas en todo el Estado ecuatoriano.
Entre los hallazgos constan que, entre 2014 y 2025, en el Consejo de la Judicatura ingresaron más de 71 mil causas por delitos sexuales, de las cuales más del 22 % involucran a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, en la Fiscalía se registra un déficit de fiscales; en el sistema educativo se han contabilizado más de 26 mil casos de violencia sexual; entre otros.
En este contexto, se recomendará que el Consejo de la Judicatura refuerce la capacitación con enfoque de niñez y género; que la Fiscalía cubra de manera urgente las vacantes y establezca un registro interoperable con el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Educación; y que se homologue el sistema de registro y se fortalezcan los protocolos de intervención.
AM
