La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes, 30 de septiembre, dentro del análisis previo al informe para primer debate, continuó con el trámite del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), en el capítulo de las generalidades, así como en el estudio de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, en lo que se refiere al tratamiento técnico y transparente de los servicios judiciales.
Sobre los cambios al COIP, los artículos revisados se centran en la posibilidad de analizar la dosimetría penal, es decir, si las sanciones que se aplican en determinados delitos tienen coherencia con la gravedad de la conducta o con el daño irrogado a la sociedad y, en este sentido, proponer el incremento de penas, sin que esto signifique someter la normativa a un populismo penal. Se propone, por ejemplo, el aumento de la pena para el delito de intimidación.
Además, las propuestas en esta materia crean nuevos tipos penales e incluyen nuevas circunstancias concomitantes con la conducta penal, por ejemplo, en lo que atañe al delito de comercialización de pornografía con la utilización de niñas, niños y adolescentes o en lo relacionado con el homicidio culposo por mala práctica profesional.
En cuanto a las reformas al Código de la Función Judicial, los legisladores y el equipo técnico avanzaron en los artículos relacionados con el tratamiento técnico y transparente de los servicios judiciales, que comprenden, entre otros temas, los parámetros para la aplicación de las medidas cautelares, desde la prisión preventiva hasta las medidas sustitutivas de las que entrañan la privación de libertad.
Así, se propone crear las unidades de servicios judiciales que serán las encargadas de determinar las condiciones que deben aplicar los juzgadores para la aplicación de las medidas cautelares privativas y no privativas de libertad; las medidas sustitutivas, realizar un diagnóstico de riesgos para los sospechosos o procesados; la situación de arraigo familiar, social, entre otras, que garanticen la permanencia de los encausados para que comparezcan ante la justicia, es decir, aspectos que permitirán conocer el entorno de estas personas, evitar audiencias fallidas y, por tanto, la impunidad.
EG
