En el marco del tratamiento del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y previo a la elaboración del informe para segundo debate, la Comisión de Relaciones Internacionales, recibió a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, quien presentó sus observaciones a la normativa.
La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, recordó que en el primer debate de esta ley se trabajó intensamente, escuchando voces, recogiendo criterios y fortaleciendo los fundamentos de un marco normativo que responda a la realidad actual del país y de la región.
En esta segunda fase, indicó, es un desafío que exige mayor responsabilidad, diálogo y trabajo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Resaltó que el acompañamiento del ministerio ha sido esencial para articular políticas coherentes, técnicas y humanas en un campo tan sensible como la movilidad.
En su intervención, la canciller Gabriela Sommerfeld señaló que la movilidad humana constituye un tema delicado que involucra directamente la vida de las personas, y resaltó el rol de liderazgo regional y global que ha ejercido el Ecuador en esta materia. Explicó que, si bien se han implementado avances significativos, persisten variaciones que requieren ser atendidas mediante reformas puntuales a la ley vigente.
Entre las principales reformas, mencionó el fortalecimiento del control migratorio, la protección de la seguridad nacional y la mejora de la atención a la comunidad ecuatoriana en el exterior. Dijo que las reformas buscan optimizar los procesos de deportación en casos de riesgo, actualizar los requisitos de visado y naturalización, evitar el uso del país como ruta de tránsito irregular, así como establecer mecanismos más eficaces para la repatriación de cadáveres, el registro de personas retornadas y la promoción de la migración circular.
Otro aspecto relevante es la incorporación de la visa de transeúnte para evitar que Ecuador sea utilizado como país de tránsito hacia terceros destinos. Propuso también ampliar las causales de terminación y revocatoria de visas, de manera que no solo se apliquen a sentencias mayores a cinco años de prisión, sino a cualquier condena ejecutoriada, reforzando así la protección de la seguridad interna.
Con estas reformas, señaló que la Cancillería busca actualizar la normativa y garantizar un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la seguridad del Estado.
MEV
