La Comisión de Garantías Constitucionales revisó el proceso de fiscalización relacionado con la presunta entrega de la licencia ambiental a la empresa Dundee Precious Metals (DPM-Ecuador) para el proyecto minero Loma Larga, en el sector Quimsacocha, provincia del Azuay.
Tras la moción presentada por el asambleísta Roque Ordóñez, la Comisión resolvió, con 10 votos a favor, insistir en los pedidos de información e invitar a comparecer a las autoridades competentes dentro de este proceso de fiscalización. El tema se centra en la presunta entrega de la licencia ambiental por parte del entonces Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MATE), hoy Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), a la empresa Dundee Precious Metals bajo la razón social DPM-Ecuador S.A.
El asambleísta Ordóñez destacó la necesidad de contar con certeza sobre la existencia de un acto administrativo que confirme la suspensión de la mencionada licencia, tal como fue anunciado por el Ejecutivo.
Protestas de septiembre
En el marco de las protestas contra el Decreto Ejecutivo 126, la Comisión recibió en sesión a los juristas Sybel Martínez, Ramiro Ávila, Pedro Granja y Washington Andrade y otros actores sociales quienes coincidieron en que se han registrado violaciones a los derechos humanos.
Martínez manifestó que se han vulnerado derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, las garantías jurisdiccionales y que persiste una estigmatización contra líderes sociales. Por su parte, Pedro Granja, se refirió a la tipificación del delito de terrorismo en procesos judiciales contra 12 comuneros de Imbabura, en el contexto de las protestas y recordó la muerte de Efraín Fueres.
Washington Andrade sostuvo que durante el paro nacional se han cometido actos de criminalización contra ciudadanos que ejercían su derecho a la resistencia. Informó además que la vicepresidenta de la Conaie remitió una petición al Presidente de la República, solicitando que se ordene el cese del uso de armas letales contra la población y se disponga la apertura de las investigaciones correspondientes.
Por su parte, el periodista Andrés Burbano, de BN Periodismo, dio su testimonio respecto a hechos ocurridos durante su cobertura de las protestas, en la que afirmó haber sido víctima de gas lacrimógeno y de abuso por parte del aparato estatal. En la misma intervino vía telemática Elena Rodríguez de Telesur y Roberto Pachacama de la Asociación de Defensores por la vida del campo petrolero Charapa. La primera saludó el proceso de fiscalización y alegó que el objetivo es que ninguna violación quede impune. Mientras que Pachacama, desde Sucumbíos, dijo que los acontecimientos son dolorosos y dejan consecuencias tras denunciar varios casos.
Equipo técnico
En el marco de la fiscalización, la Comisión designó a un equipo técnico-jurídico que se encargará de recopilar, sistematizar y analizar la información. Este trabajo se desarrollará bajo los principios de objetividad, transparencia y respeto al debido proceso.
También nombró, por unanimidad, una Subcomisión para que elabore un informe preliminar en el plazo de quince días, la misma que quedó conformada por los legisladores Verónica Íñiguez; Roque Ordóñez y Héctor Rodríguez, quien la presidirá.
RSA
