Con 6 votos afirmativos, la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El proceso legislativo de esta iniciativa ha consolidado 16 proyectos de ley previos, en base al principio de unidad de materia, conforme al artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de garantizar coherencia normativa y seguridad jurídica en materia de contratación pública.
Esta reforma surge como respuesta a la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Integridad Pública, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 68, el 26 de junio de 2025, y posteriormente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional mediante sentencia Nro. 52-25-IN/25 del 26 de septiembre de 2025.
La Corte Constitucional determinó que los actos realizados durante la vigencia temporal de dicha ley mantienen plena validez y legitimidad, asegurando la continuidad de los procesos de contratación pública que se ejecutaron bajo esas disposiciones. Sin embargo, una vez publicada la sentencia en el Registro Oficial, regirá nuevamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en su versión anterior.
Entre los principales aportes de la normativa se destacan: reducción de procesos contractuales, eliminación de ciertos mecanismos de contratación, nuevos umbrales para consultorías, fortalecimiento del Registro Único de Proveedores (RUP), introducción del concepto “valor por dinero", certificación obligatoria para servidores públicos involucrados en contratación, uso obligatorio de herramientas tecnológicas, reformas al Plan Anual de Contratación (PAC) y enfoque en transparencia e integridad.
La contratación pública representa entre una tercera y cuarta parte del Presupuesto General del Estado, constituyendo un motor para la economía nacional y el desarrollo productivo. En este sentido, la propuesta de ley busca simplificar los procesos, modernizar los sistemas, garantizar transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción, contribuyendo a la satisfacción efectiva de las necesidades ciudadanas.
Durante el debate, se incorporaron también los principios de legalidad, trato justo, participación nacional y seguridad jurídica, así como un inciso que dispone que, para los procesos del Catálogo Dinámico Inclusivo o CDI, participen únicamente actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS), y que los observatorios ciudadanos estén conformados por organizaciones con legitimidad, arraigo y representatividad.
Además, se precisó que los exámenes de control se realizarán sobre la información contenida en herramientas tecnológicas, sin perjuicio de la solicitud o presentación voluntaria de documentos físicos. Al mismo tiempo, se dispuso que las contrataciones por emergencia consten en la plataforma de datos abiertos, con detalles e indicadores de desempeño, y que las autoridades sancionen los sobrecostos o incumplimientos, entre otros.
El informe para segundo debate recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de este proyecto de ley, con el objetivo de dotar de seguridad jurídica y eficiencia a la contratación pública en Ecuador. Asimismo, se solicita al presidente de la Asamblea Nacional incluir el informe en el orden del día de la sesión plenaria, conforme a los artículos 58 y 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
MEV
