Luis Fernando Molina, representante de la provincia de Pichincha, presentó el Proyecto de Ley Reformatorio a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la Implementación de Criterios de Contratación Pública. La propuesta incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica en todos los procesos de contratación pública del Ecuador.
El objetivo es garantizar una administración pública eficiente, ágil y orientada a resultados, mediante la optimización del uso de los recursos del Estado, basada en criterios de sostenibilidad, fortaleciendo la planificación institucional y asegurando la prestación oportuna, transparente y de calidad de los servicios a la ciudadanía.
El legislador enfatizó que su propuesta está encaminada a la promoción y fortalecimiento de la contratación pública sostenible.
Explicó que se están incorporando criterios académicos y directrices de las Naciones Unidas sobre sostenibilidad, de manera que las empresas que participen en los procesos de contratación sean social y ambientalmente responsables. Esto permitirá que la contratación pública, los filtros y la calificación sean más integrales.
Además, señaló que los criterios de contratación deben optimizar no solo la parte económica, sino también la ambiental.
“Queremos generar responsabilidad social y ambiental, y acogernos a los estándares de las Naciones Unidas en materia de contratación”, puntualizó.
El legislador manifestó que la implementación de criterios sostenibles abre la posibilidad de que cada contrato adjudicado se convierta en una oportunidad para generar bienestar, proteger el ambiente y fortalecer la equidad social.
Destacó que no se trata de aumentar la burocracia ni de encarecer los procesos, sino de modernizar el Sistema Nacional de Contratación Pública, alineándolo con estándares internacionales y principios constitucionales, para garantizar un desarrollo verdaderamente sostenible y responsable.
La propuesta de Ley contiene nueve artículos e incluye una disposición transitoria.
RSA
