El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica de la Industria Audiovisual, elaborado por la Comisión de Desarrollo Económico. Su objetivo es regular, promover y fomentar la actividad cinematográfica y audiovisual en Ecuador, creando condiciones para su desarrollo integral.
La propuesta busca ordenar la industria, estimular la producción, distribución y exhibición de obras, y fomentar la inversión y la gestión eficiente del sector. Además, pretende proteger el patrimonio audiovisual, garantizar la competitividad y la participación equitativa del cine nacional, y generar retornos productivos para toda la cadena de valor.
El asambleísta Carlos Dávila resaltó el papel del cine como arte, industria y motor de empleo, tecnología e identidad nacional, destacando su poder transformador para las nuevas generaciones.
El proyecto incluye 33 artículos, dos disposiciones generales, siete reformatorias y dos transitorias, proponiendo una visión que integra cultura, formación y desarrollo económico.
Principales puntos de la propuesta:
Facilidades para rodajes: permisos en 15 días y reducción de trámites.
Cuotas para producciones nacionales: mayor presencia del cine ecuatoriano en pantallas.
Publicidad local: los anuncios emitidos en Ecuador deberán producirse en el país.
Uso ético de la inteligencia artificial: límite del 30 % en publicidad y reconocimiento de la voz como propiedad intelectual.
Regulación y sostenibilidad: registro sectorial, sanciones proporcionales y creación de un sello verde.
Formación y empleo joven: pasantías remuneradas y homologación educativa.
Apertura internacional: facilidades para el ingreso temporal de equipos de filmación (Carnet ATA).
En síntesis, Dávila afirmó que el proyecto busca impulsar la industria audiovisual ecuatoriana como un sector estratégico de cultura, economía e identidad nacional. “Conectamos la creatividad con el empleo técnico y artístico, el turismo de locaciones, los servicios, el software y la marca país”, concluyó.
En el debate, que fue seguido por representantes del ecosistema audiovisual, los legisladores, destacaron la importancia de esta regulación para ampliar la formación y profesionalización de los productores audiovisuales. La asambleísta Karolina Dueñas señaló que el proyecto constituye “un acto de justicia que permite a los jóvenes brillar desde el arte y la creatividad”. Añadió que Ecuador cuenta con talento, paisajes y formación creativa, por lo que calificó la propuesta como una ley sólida y necesaria.
Por su parte, Josebeth Jaramillo destacó que la norma se resume en tres ejes principales: el fomento de la producción audiovisual desde la dimensión industrial; el fomento desde la dimensión artística, para proteger la creatividad; y el impulso de la formación y el crecimiento de los profesionales audiovisuales.
John Polanco coincidió en que la industria audiovisual tiene el potencial de generar empleo, atraer inversión, fortalecer la identidad cultural y proyectar el talento ecuatoriano al mundo. Subrayó que se trata de un ecosistema creativo con capacidad para convertirse en motor del desarrollo económico y cultural.
En la misma línea, Elizabeth Vega sostuvo que el proyecto representa una oportunidad histórica para transformar la realidad cultural y económica del país.
Xavier Lasso consideró necesario contar con una ley específica para el sector audiovisual que potencie el desarrollo del cine en Ecuador. Dijo que la propuesta es sólida en términos conceptuales y que debe ir más allá de la Ley de Cultura, por lo que llamó a respaldarla.
Por otro lado, Diego Salas señaló que, si bien es necesaria una política fuerte para el audiovisual, no se puede tratar una norma que limite el alcance de la economía creativa, dejando fuera sectores como la música, el libro, la lectura, las artes escénicas, el diseño, la moda, el patrimonio vivo, los festivales y otras iniciativas que sostienen el tejido cultural y el empleo creativo en las provincias.
Al no registrarse más intervenciones, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, cerró el debate y dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para el segundo debate.
RSA
