La Comisión de Desarrollo Económico continúa con el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación.
En esta sesión, los comisionados recibieron los aportes de Christian Wahli, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB); y de Ramón Pineda, rector del Instituto Superior Tecnológico Consulting Group del Ecuador (ISTCGE).
Christian Wahli, representante de ANFAB, enfatizó la importancia de retomar el modelo de formación profesional dual, cuya primera implementación en el país se dio en 1997. Explicó que, en alianza con la Escuela Politécnica Nacional, se desarrolló un currículo compartido entre la academia y las empresas, el cual, gracias al uso de herramientas virtuales, podrá ampliarse a nivel nacional a partir del próximo año.
Indicó que el principal desafío del modelo dual es convencer a las empresas sobre sus beneficios. “No se trata de pasantías, sino de formar colaboradores con futuro”, afirmó. Asimismo, manifestó la necesidad de motivar a las familias y a los jóvenes a valorar esta modalidad como una alternativa profesional sólida, que combina un 50% de formación práctica y un 50% académica.
Propuso, además, revisar el aporte empresarial de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales (SETEC), un impuesto sobre la nómina que representa cerca de 140 millones de dólares anuales, con el fin de que las empresas participantes en programas duales puedan destinar directamente esos recursos a la capacitación de jóvenes, fortaleciendo así la vinculación entre el sistema productivo y la educación técnica.
De su lado, Ramón Pineda, rector del ISTCGE, resaltó la importancia de institucionalizar la formación dual como modelo educativo prioritario, lo que permitirá alinear la educación superior con las necesidades reales del sector productivo y facilitar la inserción de los jóvenes en el entorno laboral.
Subrayó que la propuesta legislativa incorpora incentivos concretos para las instituciones de educación superior, junto con nuevas responsabilidades, como la contratación de seguros para los estudiantes en prácticas, medida que calificó como parte del compromiso social del sistema educativo.
Finalmente, valoró positivamente la creación de los clústeres académico-productivos, actualmente en marcha a nivel nacional, los cuales fortalecen la pertinencia de la oferta académica y su vinculación con las vocaciones productivas de cada región. Además, resaltó la importancia de los mecanismos de homologación y validación de experiencias profesionales, que ampliarán las oportunidades de acceso a la educación técnica y tecnológica.
MEV
