El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en primer debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, calificado como urgente en materia económica, con base en el informe elaborado por la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Diego Franco, presidente encargado de la comisión y ponente del informe, inició su intervención señalando que es un honor defender los derechos de quienes arriesgan su vida diariamente por la seguridad de los ecuatorianos. “Muchos hablan de derechos humanos, pero olvidan los derechos de nuestras fuerzas del orden. ¿Acaso ellos no tienen familia que los espera en casa?, ¿Quién vela por sus derechos?”, enfatizó. Al tiempo que defendió la labor de las instituciones uniformadas frente a las crecientes amenazas del crimen organizado.
Durante el debate, varios legisladores expresaron sus criterios respecto a los alcances y efectos del proyecto. Otto Vera destacó la importancia del objetivo del proyecto, aunque insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento del presupuesto ya asignado a las instituciones de seguridad antes de aprobar la norma.
Por su parte, Paola Cabezas recordó que la seguridad ciudadana es una obligación del Estado y no una donación, al señalar que “el incremento del IVA en tres puntos fue destinado precisamente para fortalecer la seguridad nacional”. El legislador Steven Ordóñez manifestó su respaldo al proyecto por considerar que la violencia afecta a todos los sectores sociales, mientras que Fernando Cedeño sugirió replantear la estrategia de seguridad desde las zonas fronterizas, donde se concentra gran parte de la actividad delictiva.
El asambleísta Sergio Peña explicó que el proyecto busca direccionar recursos tributarios de forma directa a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras que Ferdinan Álvarez puntualizó que la iniciativa “no sustituye la inversión pública, sino que la complementa en momentos críticos como los que vive actualmente el país”.
Katherine Pacheco sostuvo que la propuesta promueve la colaboración del sector privado mediante incentivos tributarios para donaciones de equipamiento a las instituciones de seguridad, con el fin de fortalecer su capacidad operativa frente al crimen organizado.
Entre otros criterios, Roberto Cuero manifestó que el fortalecimiento de la seguridad requiere restablecer la institucionalidad estatal; Paula Villacreses abogó por un marco legal que permita dotar a las fuerzas del orden de herramientas modernas; y Diego Salas propuso medidas complementarias como la ejecución transparente del presupuesto y el uso de tecnología en controles fronterizos y penitenciarios.
Finalmente, Marco Olmedo resaltó el papel de la empresa privada en el desarrollo económico y expresó su gratitud hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por su compromiso permanente con el país. “Este proyecto de ley es una forma de agradecerles con hechos y no solo con discursos”, afirmó.
Concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen dispuso que el sexto proyecto económico urgente retorne a la Comisión de Desarrollo Económico para la elaboración del informe para segundo debate.
MEV
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