La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes, 14 de octubre, con nueve votos afirmativos, resolvió unificar los proyectos de reformas a la Ley de Inquilinato presentados, en el período 2017-2019, por los exasambleístas Carlos Cambala y Fernando Ugarte, a fin de que se dé el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El organismo legislativo, a través de la asambleísta Nubia Vega, proponente de la moción para unificar las dos iniciativas, destacó la importancia de retomar el trámite de proyectos de ley que han sido rezagados en períodos anteriores, más aún tratándose de una normativa que es necesaria para aclarar el marco jurídico, los deberes y obligaciones en las relaciones contractuales entre el arrendador y el arrendatario.
Reformas al COIP
Posteriormente, la comisión continuó con la socialización del capítulo de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere a tránsito y naturaleza, el cual contiene un total de 22 artículos, convirtiéndose en uno de los temas más cortos dentro de la matriz unificada de reformas en el ámbito penal.
Entre otros aspectos, se incrementan las penas para los delitos ambientales, en recursos como agua, bosques, contaminación del aire y otros ecosistemas, con penas agravadas en el caso de que ese tipo de delitos sean cometidos en zonas protegidas, en la Amazonía o en la provincia de Galápagos.
Igualmente, se impondrán penas más elevadas en el caso de que las acciones de contaminación o daño ambiental generen la extinción de especies, la muerte de personas producto de dichos efectos ambientales. También proponen fuertes multas y el cierre temporal o definitivo de las personas jurídicas involucradas en estos delitos, según la gravedad del caso.
EG
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