En el marco del análisis previo a la elaboración del informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado recibió a Javier Cevallos, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, quien presentó la experiencia mexicana en el desarrollo de las unidades de servicios judiciales, que permiten conocer el entorno familiar de las personas imputadas y procesadas para determinar la aplicación de medidas cautelares y/o la prisión preventiva.
Indicó que en su país estas unidades iniciaron en 2005; luego, hacia 2008, se registraron planes piloto en varios estados de México y en la actualidad existen 33 unidades para adultos y 32 para adolescentes infractores. Explicó que este sistema permite conocer los datos de identidad y la situación socioambiental del imputado para guiar a los jueces en la toma de la decisión pertinente, ya sea con la aplicación de la prisión preventiva o de medidas sustitutivas, dependiendo del nivel de riesgo que exista acerca de su comparencia para enfrentar el proceso penal.
Aseguró que lo fundamental de este sistema es que cuenta con una metodología de trabajo que se aplica en todas las unidades de servicios anteriores al juicio, como se denominan en México, y se fundamentan en un principio básico, que es el de imparcialidad, es decir que no están regidos por la Policía ni por otros órganos del Estado, sino por la sociedad. Asimismo, destacó que a través de este mecanismo de evaluación y de supervisión, el cumplimiento de las medidas cautelares es del 90%.
Mientras, Alexander Barahona, experto en temas judiciales, se refirió a los procesos para la selección de operadores judiciales y el rediseño de la arquitectura del Consejo de la Judicatura, frente a la emergencia en que se encuentra la Función Judicial, razón por la cual los cambios que se puedan introducir en la legislación permitirán establecer procesos transparentes de selección de los jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios.
En este contexto consideró necesario establecer con claridad el rol de cada uno de los actores que participen en los procesos de selección, por ejemplo en el área de talento humano y, sobre todo, en la selección del Comité Académico, órgano que determinará las preguntas para la fase de oposición. Calificó como positivo que para la conformación de este comité participen las facultades de derecho de las uiversidades, el ente rector de la educación superior y los colegios de abogados. En este sentido, el doctor Barahona subrayó la importancia de establecer los perfiles de cada puesto para saber a quién se quiere tener como juez nacional, provincial o constitucional; fiscal, defensor o funcionario judicial, con requisitos claros.
La presidenta de la Comisión, Rosa Alegría Torres, tras agradecer los aportes al análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Fución Judicial, reiteró que se busca aprobar una legislación que garantice un ejercicio técnico, profesional y transparente de la justicia en Ecuador.
EG
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