En el marco del tratamiento del informe para el primer debate de este proyecto, la Comisión recibió la comparecencia del académico Juan Pablo Viteri, de la Universidad San Francisco de Quito, quien presentó un análisis técnico sobre las implicaciones del texto legal. Durante su intervención, Viteri expresó su preocupación por el carácter paternalista y moralista del proyecto, al considerar que su enfoque podría derivar en mecanismos de autorización previa o control administrativo incompatibles con la libertad de expresión. Señaló que el uso de conceptos ambiguos como “contenido nocivo” podría generar inseguridad jurídica, promover la autocensura y limitar el ejercicio de derechos fundamentales.
El académico propuso orientar la regulación hacia las plataformas digitales en lugar de los usuarios, priorizando la transparencia de algoritmos, la moderación responsable de contenidos y la protección de datos personales, especialmente de grupos vulnerables. Asimismo, subrayó la importancia de fortalecer la alfabetización digital como herramienta para combatir la desinformación, el discurso de odio y el acoso en línea, sin restringir el espacio democrático digital.
La Comisión, también, escuchó la intervención del docente Ecuador Montenegro, quien expuso una serie de preocupaciones sobre presuntas irregularidades en la parte administrativa y educativa, en la Universidad de Guayaquil. Asimismo, Ángel Salinas, representante de los jubilados, expresó su malestar por la restricción de ingreso a los predios universitarios y el incumplimiento de sentencias judiciales.
Durante la sesión la Comisión resolvió requerir información inmediata al Consejo de Educación Superior (CES) y convocar a una próxima sesión con la participación del rector, las autoridades competentes, el CES y otros actores involucrados, con el propósito de garantizar una fiscalización integral y transparente. Así mismo se reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo nacional mediante acciones de fiscalización y legislación orientadas a garantizar la transparencia, la calidad y el acceso equitativo a la educación, así como la protección de los derechos de todos los actores del sector.
La mesa legislativa agradece la participación de los comparecientes y reitera su compromiso con la ciudadanía para abordar las problemáticas expuestas con responsabilidad, apertura y diligencia.
GO
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