La Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, este miércoles, 15 de octubre, escuchó los criterios de la Comisión Ecuatoriana de la Sociedad Latinoamericana de Derecho al Trabajo, en torno al proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores en el Sector Público y Privado, dentro del proceso de sistematización de observaciones, a fin de redactar el informe para segundo debate.
A criterio de María Augusta Herrera, presidenta de la Comisión Ecuatoriana de la Sociedad Latinoamericanda del Derecho al Trabajo, el proyecto es compatible con la normativa constitucional, las regulaciones de tratados y convenios internacionales relacionados con temas laborales y, sobre todo, presenta una eficacia práctica. Igualmente, recoge los principios constitucionales que garantizan la libre asociación, sin injerencia del Estado.
Dijo que la relevancia de este proyecto radica, también, en la consolidación de una cultura de legalidad y transparencia; al generar transparencia y ética en las actuaciones de las organizaciones sindicales se garantiza seguridad jurídica, confianza pública; se fortalecen los principios de integridad, rendición de cuentas, sin invadir el núcleo esencial de la autonomía colectiva, para que sean los propios trabajadores quienes elijan a las personas que los van a representar, bajo criterios de proporcionalidad, alternabilidad y sistemas de control focalizados en el adecuado desarrollo de su organización interna.
Añadió que la propuesta responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular al objetivo 16, que compromete a construir instituciones sólidas, eficaces, responsables, que sean inclusivas, que garanticen el acceso a la justicia y la transparencia, así como al objetivo 8, que impulsa el trabajo decente y crecimiento económico, lo cual supone un diálogo social robusto.
Mientras, María de Lourdes Fernández, quien es parte del mismo organismo, comentó acerca de la evaluación a los servidores públicos. Subrayó la necesidad de que se determine en la norma un sistema tripartito que parta de la evaluación autónoma o individual del propio trabajador, para luego pasar a una heteroevaluación, enfocada en la ciudadanía y, luego, la coevaluación entre pares, de manera que este proceso arroje resultados objetivos.
Igualmente, dijo que no se puede sacrificar los derechos laborales sobre la base de alcanzar una sostenibilidad fiscal en el manejo de los presupuestos. En este sentido, abogó por la existencia de una administración pública orientada a resultados, al fortalecimiento de la carrera pública, así como a la optimización del uso de recursos estatales, sin afectar la sostenibilidad del erario nacional, para lo cual se requiere de una negociación justa en materia de contratación colectiva.
EG
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