En el marco del tratamiento y elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, presentado por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin, la Comisión de Desarrollo Económico, recibió la comparecencia de los expertos tributarios Gabriel Galán y Andrés Álvarez, quienes expusieron sus criterios técnicos sobre el alcance y diseño del incentivo fiscal propuesto en la iniciativa.
El especialista Gabriel Galán destacó la importancia de fortalecer la normativa que propone un incentivo tributario, con el fin de garantizar su sostenibilidad, equidad y transparencia. “Para que este incentivo funcione como un verdadero instrumento de política pública, es recomendable incorporar disposiciones claras sobre la estimación del costo fiscal: ya sea en montos, métodos o mecanismos de publicidad. Así como una metodología para realizar una evaluación anual y pública, para saber si realmente está cumpliendo con la finalidad que persigue”, señaló.
En este sentido, propuso establecer límites temporales, montos máximos o porcentajes aplicables al incentivo, además de crear un espacio de supervisión independiente que controle previamente las donaciones que reciban las fuerzas públicas. También consideró necesario incluir una prohibición expresa de conflictos de interés con proveedores del Estado. “Estas medidas son importantes porque el proyecto hace demasiadas remisiones a normativas secundarias. La idea del incentivo es buena, pero su eficiencia fiscal y su transparencia dependerán de la existencia de un marco reglamentario sólido, que aún no se conoce”, afirmó.
Por su parte, Andrés Álvarez explicó que el proyecto cumple con los principios de eficiencia y control, aunque requiere un mayor desarrollo reglamentario en materia de pasibilidad, valoración y compatibilidad con otros beneficios fiscales. El experto subrayó que la crisis estructural de seguridad que enfrenta el país, marcada por el auge del crimen organizado, la extorsión y el terrorismo interno, impacta directamente en la economía nacional, generando desinversión, mayores costos de producción y una reducción de la recaudación fiscal. En esa línea, insistió en la necesidad de mecanismos fiscales alternativos, sostenibles y de ejecución inmediata para fortalecer las capacidades operativas del Estado.
Como propuesta de mejora, sugirió incorporar un régimen de amortización del beneficio tributario, que permita a los contribuyentes utilizar la rebaja hasta en dos ejercicios fiscales posteriores, respetando el límite del 30%. Asimismo, planteó mantener el literal j) del numeral 19 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para no excluir del beneficio a los contribuyentes que no registren impuesto causado en el ejercicio correspondiente.
Finalmente, destacó la inclusión de una cláusula de no acumulación de beneficios tributarios, en línea con las disposiciones vigentes para otros incentivos fiscales, como los aplicados a la contratación de mujeres y jóvenes. “Esta disposición preserva los principios de equidad y evita duplicidades en los beneficios fiscales, asegurando que el incentivo cumpla su finalidad de apoyar de manera inmediata y efectiva la seguridad nacional”, concluyó.
MEV
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