La Comisión de Fiscalización y Control Político, con seis votos afirmativos, aprobó el informe de la investigación sobre la cadena de seguridad y justicia del Estado en razón de las presuntas actuaciones irregulares de los operadores de justicia, en el marco del conflicto armado interno, por el cual recomienda impulsar una plataforma única de inteligencia de seguridad, que incorpore datos -en tiempo real-, sobre aprehensiones, partes policiales, medidas cautelares, sumarios disciplinarios y auditorías patrimoniales, entre otros aspectos, para garantizar una adecuada administración de justicia.
El organismo concluye que la impunidad derivada de decisiones judiciales cuestionables -como el otorgamiento de medidas sustitutivas a detenidos por delitos graves, incluso en casos de reincidencia o flagrancia- evidencia una descoordinación entre la labor policial-militar con la respuesta del sistema judicial, lo cual debilita el esfuerzo estatal en el contexto del conflicto armado interno. El resultado es una conversión insuficiente de aprehensiones en sentencias firmes y proporcionales.
Por ello, el informe propone que las entidades que forman parte de la plataforma única de inteligencia de seguridad (Policía, Fuerzas Armadas, Contraloría, Fiscalía, Corte de Justicia, entre otras) incluyan en la información las variables que permitan identificar, desde la fase de investigación previa, a las personas aprehendidas o procesadas que sean jueces, fiscales, defensores públicos, autoridades policiales y militares, y servidores públicos en general.
Asimismo, sugiere efectuar reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP); al Código Orgánico de la Función Judicial; al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público; y, a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para, entre otros temas, incorporar la figura de la “declaratoria de caso complejo” con criterios objetivos y plazos extraordinarios, al igual que para endurecer las sanciones aplicables a los servidores públicos del sistema de seguridad y justicia que cometan delitos, con agravantes especiales en casos de corrupción o vínculos con el crimen organizado.
Una vez aprobado el informe, Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión, dispuso que se remita su texto a las diferentes instituciones relacionadas con las temáticas de seguridad y justicia, a fin de que se revisen y, de considerarlo pertinente, apliquen las recomendaciones establecidas en él. Asimismo, anticipó que se hará un seguimiento exhaustivo del cumplimiento del cotenido de este informe.
EG
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