La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este martes, 21 de octubre, recibió aportes de autoridades del Bloque de Seguridad y del sector de justicia, en torno a las reformas unificadas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), como parte del proceso de socialización y la recepción de observaciones previas a la elaboración del informe para primer debate.
En este contexto, Javier Freile, viceministro de Seguridad Ciudadana, indicó que las propuestas del Ministerio del Interior están orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente al incremento de la delincuencia organizada, específicamente con tipos penales como secuestro, secuestro extorsivo, entre otros, que -en muchos casos- no son denunciados. Justificó el planteamiento de aumentar la pena para el secuestro, que hoy va de tres a siete años de privación de libertad, a una pena de entre siete y diez años.
Igualmente, reiteró el interés del Ministerio del Interior de buscar mecanismos eficaces para combatir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, para lo cual es necesario, también, aumentar las penas. Subrayó que estos planteamientos no responden únicamente al interés del Estado de aumentar las penas, sino que están en sintonía con la realidad que afronta el país, por la alarma social que provocan las bandas delincuenciales.
De su lado, la coronel Angelita Pérez, directora de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional, expresó su preocupación por el posible incremento de penas para los delitos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y tortura que, generalmente, son atribuidos al Estado y que no se compadecen con el control del orden para, en ejercicio del uso progresivo de la fuerza, sofocar las acciones violentas, como por ejemplo lo que pasa con las protestas sociales, al preguntarse cuál sería para el personal policial y militar con este tipo de reformas.
Mientras, la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, se refirió a la reforma para prevenir y sancionar la mala fe procesal. Sugirió se establezca un valor único de la multa a imponer a los abogados que no concurran a las audiencias. Por ejemplo, con tres remuneraciones básicas unificadas de cada trabajador; seis si persiste en la ausencia; y, nueve remuneraciones en una segunda reincidencia. Dijo que hay acciones que se utilizan para dilatar las audiencias, entre ellas, el cambio de abogado por más de tres ocasiones; el reporte de enfermedad del abogado; luego del procesado y, por último, de un testigo, todo lo cual debe ser debidamente sancionado.
EG
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