Con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas adultas mayores y garantizar un acceso más ágil y eficiente a beneficios y exoneraciones, la legisladora por la provincia de Pichincha, Nathaly Farinango, presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores.
El proyecto de reformas propone modificaciones en los artículos 13 y 14 de la Ley vigente, facilitando que las personas adultas mayores accedan a rebajas y beneficios mediante la presentación de su cédula de ciudadanía o carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de instituciones públicas, empresas públicas y entidades financieras del Estado, estos beneficios se aplicarán de oficio, sin necesidad que los adultos mayores deban presentar documentación adicional alguna.
Asimismo, se establece que todas las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, proveedoras de productos y servicios deberán informar a los adultos mayores y sus familiares sobre los beneficios disponibles, priorizando la ejecución de estos descuentos a través de medios digitales y, de manera excepcional, de forma física. Los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán de oficio las exoneraciones establecidas, sin necesidad de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales.
La propuesta también incluye la obligación de que el Registro Civil remita mensualmente la información del registro de personas adultas mayores al Servicio de Rentas Internas, y que esta se comparta obligatoriamente con todas las instituciones públicas, organismos descentralizados autónomos, empresas públicas y entidades financieras públicas, con el fin de facilitar la aplicación de beneficios y exenciones tributarias y no tributarias.
En cuanto a la implementación, las disposiciones de la ley deberán desarrollarse mediante normativa secundaria por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, el Servicio de Rentas Internas, el Registro Civil y demás instituciones competentes, en un plazo máximo de 90 días. Además, la máxima autoridad nacional de educación superior definirá en el mismo plazo las exoneraciones aplicables al pago de matrículas y pensiones para personas adultas mayores en el sistema de educación superior.
“Esta reforma busca principalmente hacer más eficientes y rápidos los beneficios para las personas adultas mayores, incluidos los beneficios tributarios y no tributarios, el acceso a pagos de impuestos, pasajes y educación. Solo será necesario presentar la cédula de identidad o, en caso de ser jubilado, el carné correspondiente”, concluyó la asambleísta.
MEV
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