Con 82 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sexto económico urgente, remitido por el presidente de la República, Daniel Noboa Azin.
Esta normativa tiene como objetivo establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones destinado exclusivamente al fortalecimiento de las fuerzas del orden, en el marco de sus atribuciones constitucionales de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional y seguridad integral del Estado.
El asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe, destacó que este es un gran día para fortalecer y respaldar a las fuerzas del orden, que durante años han sido injustamente criticadas pese a arriesgar su vida por la seguridad de todos los ecuatorianos.
Subrayó que la ley busca dotar de recursos estratégicos a las fuerzas del orden, promover la corresponsabilidad del sector privado y atraer inversión, reduciendo el riesgo país. “Hoy es el momento de decidir si queremos un Estado que se arrodilla ante las mafias o un Estado que protege la vida de los ecuatorianos”, enfatizó.
Durante el debate, intervinieron varios legisladores quienes coincidieron en la necesidad de garantizar la seguridad nacional frente al aumento de la criminalidad. Christopher Jaramillo señaló que la inseguridad ha afectado la calidad de vida y la estabilidad social, por lo que esta ley constituye una medida estratégica para proteger al país. Mientras que, Maria Paula Villacreses resaltó que la ley no solo protege la seguridad, sino también el futuro y la economía del Ecuador.
Sergio Peña recalcó que los recursos destinados a estas instituciones llegarán directamente, sin depender de la distribución del Ejecutivo en la proforma presupuestaria anual. A su turno, Alex Morán criticó políticas pasadas que debilitaron la seguridad nacional y destacó la necesidad de fortalecer a las fuerzas del orden frente al crimen organizado.
No obstante, Franklin Samaniego cuestionó que, el Ejecutivo insista en enviar una sexta ley económica urgente, advirtiendo que se repite el uso indebido de este mecanismo, recordando que la Corte Constitucional ya declaró inconstitucional una norma similar por mezclar materias y vulnerar procedimientos. Xavier Lasso advirtió que la seguridad no puede depender de donaciones privadas, pues esto debilita la soberanía y sustituye al Estado por la caridad. En la misma línea, Ronal González indicó que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad debe garantizarse mediante una acción estatal sólida y no por incentivos al sector privado.
La Ley aprobada permitirá fortalecer las capacidades estratégicas y operacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante la canalización de recursos complementarios a la inversión pública, la promoción de la participación del sector privado a través de incentivos tributarios, y la creación de un marco legal transparente para la recepción y rendición de cuentas de donaciones.
Estas donaciones podrán consistir en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, provenientes tanto de contribuyentes nacionales, con beneficios tributarios hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución, como de organismos y gobiernos internacionales, conforme a los acuerdos de cooperación y la normativa reglamentaria vigente.
El proyecto aprobado será remitido al Presidente de la República para su sanción u objeción, conforme a la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
MEV
