En el marco del proceso de fiscalización de las acciones emprendidas para poner fin al paro nacional, las cuales habrían afectado a niñas, niños y adolescentes de la provincia de Imbabura; así como en los hechos ocurridos en San Miguel del Común y Santa Anita, provincia de Pichincha, cantón Quito; y en el cantón Saraguro, provincia de Loja, la Comisión de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes recibió a representantes de instancias que trabajan en la defensa de sus derechos.
Eduardo Quiroz, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Otavalo, describió los hechos que afectaron a niños en sus comunidades, unidades educativas y domicilios. Informó que no fue posible contar con la información de la Cruz Roja, debido a las restricciones establecidas por los Convenios de Ginebra respecto a la divulgación de datos sobre personas en contextos de conflicto.
Por su parte, Jacques Ramírez, secretario de Inclusión Social del Municipio de Quito, expuso las acciones adoptadas durante la paralización, especialmente las decisiones y medidas de protección emitidas para prohibir a los ministerios de Defensa e Interior ejecutar acciones violentas, represivas o cualquier otra que pudiera poner en riesgo a mujeres y personas adultas mayores dentro de la comuna San Miguel del Común. Sin embargo, señaló que dichas medidas fueron revocadas por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia.
De su lado, Óscar Patiño, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón Antonio Ante, manifestó que en las últimas semanas se han evidenciado manifestaciones de racismo y violencia simbólica en distintos espacios. “La diversidad no es un problema, es una riqueza”, enfatizó.
También compareció Jonathan Luna, de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón San Miguel de Urcuquí, quien se refirió a los hechos ocurridos el pasado 14 de octubre, en los que se registró “una serie de vulneraciones a los derechos de los niños”.
Los comisionados formularon varias preguntas y reflexionaron sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para niñas, niños y adolescentes, quienes, por ser un grupo de atención prioritaria, resultan especialmente afectados por los últimos acontecimientos de conocimiento público.
AM
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