El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ratificó, con cinco votos a favor, la competencia de fiscalización y control político de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, para conocer, analizar y emitir un informe sobre los hechos relacionados con los actos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y de la fuerza pública y de seguridad, en el contexto de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025.
La Comisión de Seguridad Integral inició, el lunes 29 de septiembre, el proceso de fiscalización sobre los actos de violencia ocurridos durante las movilizaciones que comenzaron el 22 de septiembre, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes los hechos observados. Esta decisión se tomó en consideración que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes también ha iniciado un proceso de fiscalización y convocado al Defensor del Pueblo el 22 de octubre.
Durante la sesión, el CAL recordó que existe una resolución vigente que dispone que la comisión presidida por la asambleísta Inés Alarcón es la única competente para ejercer la fiscalización y el control político respecto de los hechos relacionados con los actos de violencia derivados de las actuaciones de la sociedad civil y de la fuerza pública y de seguridad, en el marco de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025. En consecuencia, ninguna otra comisión podrá intervenir en dicho proceso ni requerir la comparecencia de autoridades o servidores públicos sobre esta materia.
La asambleísta Mónica Salazar presentó una moción para que la Comisión de Seguridad Integral continúe con el proceso de fiscalización; que la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes se abstenga de realizar acciones de control sobre el mismo tema; y que la Secretaría General notifique lo dispuesto a ambas comisiones. La moción fue aprobada por los miembros presentes en la sesión.
En otros puntos del orden del día, y conforme a las recomendaciones de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el CAL dispuso la calificación y trámite de cinco proyectos de ley reformatorios, los cuales fueron derivados a las comisiones correspondientes según el informe técnico.
Finalmente, se resolvió notificar a la legisladora Ana Belén Tapia para que complete la queja presentada en contra de la asambleísta Liliana Durán.
RR
