La Comisión de Niñez y Adolescencia, en cumplimiento de la resolución RL-2023-2025-120 del Pleno de la Asamblea Nacional, que dispone la presentación semestral de un informe sobre las acciones emprendidas por el Estado sobre el proceso de fiscalización de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, recibió la comparecencia de César Córdova, Defensor del Pueblo, así como de delegados del Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado.
Durante su intervención, César Córdova explicó que la Defensoría del Pueblo impulsa trámites de investigación defensorial, con providencias de seguimiento dirigidas a las instituciones competentes para garantizar una atención integral a las víctimas. Subrayó que la defensa de los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes debe abordarse desde un enfoque holístico, priorizando la prevención. Además, destacó el trabajo conjunto entre la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública en la elaboración de un Plan Nacional de Prevención de la Violencia Infantil y de Género, con presencia territorial y acciones coordinadas entre instituciones.
Por su parte, Lorena Chávez, directora del Mecanismo de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, destacó que una de las principales recomendaciones ha sido la creación de un registro único de casos de violencia para fortalecer el acceso a la justicia. Informó que, mediante providencia defensorial del 30 de junio, se solicitó a 11 instituciones públicas informar sobre el cumplimiento de los acuerdos en materia de acceso a la justicia y protección infantil, de las cuales 8 han remitido sus reportes hasta la fecha.
En representación del Consejo de la Judicatura, Gina Gómez informó que la institución entregó un informe detallado sobre las acciones ejecutadas frente a los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, que incluye estadísticas, políticas implementadas y programas de capacitación. Explicó que el trabajo se desarrolla de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, mediante mesas técnicas conjuntas, donde se han identificado problemáticas comunes, especialmente la falta de presupuesto, que limita la ejecución de proyectos, protocolos y políticas públicas.
Asimismo, Alexandra Enríquez señaló que el Consejo de la Judicatura aprobó, en septiembre de 2023, la Política Integral de Género y la Política de Prevención y Atención de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, orientadas a garantizar una atención prioritaria y especializada a las víctimas. Destacó que el país cuenta con 39 unidades judiciales especializadas en violencia contra la niñez y adolescencia en las principales provincias, mientras que en el resto de cantones los casos son atendidos por unidades penales o multicompetentes.
Santiago Bedoya, delegado de la Defensoría Pública, reiteró el compromiso institucional con la atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Señaló que la Defensoría asume un rol técnico y articulador en su defensa, contribuyendo a erradicar toda forma de violencia institucional. Informó que el país cuenta con 720 defensores públicos, de los cuales 298 están especializados en niñez y adolescencia.
Finalmente, la delegada de la Fiscalía General del Estado, Nadia Núñez, informó que la institución ha mantenido espacios de coordinación interinstitucional orientados al intercambio de información, así como procesos de capacitación regionales dirigidos a agentes fiscales especializados en casos de violencia sexual. Enfatizó que se han remitido 17 insistencias al Consejo de la Judicatura solicitando la realización de concursos de méritos y oposición, sin haber obtenido respuesta hasta el momento. Además, señaló que el plan de cobertura institucional evidencia un déficit de 608 agentes fiscales, y que actualmente solo 308 fiscales se encuentran asignados a las fiscalías especializadas en todo el país para la atención de casos de violencia.
MEV
