La asambleísta Diana Jácome presentó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para la Protección de las Personas Adultas Mayores, cuyo propósito es incorporar como delito la violencia patrimonial y económica contra este grupo vulnerable, con el fin de cerrar vacíos jurídicos que actualmente dejan desprotegidas a miles de víctimas que en su mayoría son despojadas de sus bienes, ingresos o pensiones por parte de familiares o personas de confianza.
El proyecto incorpora el nuevo delito de violencia patrimonial y económica en el artículo 158B del COIP con penas de tres a cinco años de prisión, que se agravan de cinco a siete años en caso de engaño o perjuicio grave y aumentan en un tercio cuando el autor sea tutor o cuidador. Además, endurece las sanciones por abandono familiar (art. 1), establece la obligación ciudadana de denunciar (art. 4), garantiza medidas cautelares inmediatas y prioridad fiscal en los procesos (art. 5); además, adapta los procedimientos judiciales para asegurar una atención especializada (arts. 6 y 7). Asimismo, dispone que las instituciones públicas implementen protocolos de actuación, campañas de prevención y registros estadísticos anuales sobre los casos reportados.
Durante su intervención, la legisladora Jácome destacó que: “Después de haber recibido durante muchos años denuncias de violencia patrimonial sobre los bienes, ingresos y pensiones de las personas adultas mayores, hoy asumimos la responsabilidad de generar una normativa que sancione estos delitos. Proteger a quienes construyeron este país no es solo un mandato legal, sino un compromiso ético con la justicia intergeneracional”.
GO
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