Con el propósito de fortalecer la eficacia del sistema judicial y combatir la impunidad, especialmente en los casos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo, la asambleísta Fabiola Sanmartín, representante de la provincia del Cañar, presentó el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La propuesta legislativa incorpora el artículo 530.1 al COIP, que establece la identificación en casos de delitos cometidos por organizaciones terroristas, beligerantes no estatales o grupos delictivos organizados. Esta disposición garantiza el acceso a información pública sobre la identidad y fotografía de las personas procesadas, siempre que su participación haya sido determinada preliminarmente mediante actos procesales válidos emitidos por autoridad competente.
La medida se aplicará exclusivamente en casos de detención con orden judicial, con el propósito de fortalecer la transparencia institucional y la protección de la seguridad ciudadana, respetando en todo momento el principio de proporcionalidad, el respeto a la presunción de inocencia y la protección de la dignidad e integridad de las personas involucradas.
El proyecto también modifica el artículo 369 del COIP, para excluir la posibilidad de acceder a procedimientos penales abreviados o sustitutivos a quienes pertenezcan a estructuras de delincuencia organizada, exceptuando personas que se encuentren dentro del grupo de atención prioritaria.
Asimismo, se añade un nuevo numeral al artículo 635, que impide la aplicación del procedimiento abreviado en delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, delitos de robo en cualquiera de sus modalidades, y en casos de reincidencia.
En cuanto a las disposiciones transitorias, la normativa establece que el Consejo de la Judicatura deberá emitir, en un plazo de 60 días desde la entrada en vigencia de la ley, los protocolos que regulen la publicidad de la información sobre personas procesadas por delincuencia organizada, garantizando la proporcionalidad, la protección de datos personales y la seguridad ciudadana.
Por su parte, el Ministerio del Interior, en coordinación con los ministerios de Educación, Deporte y Cultura, y Desarrollo Humano, tendrá un plazo de 120 días para implementar un Plan Nacional de Prevención y Reintegración Social dirigido a adolescentes en conflicto con la ley penal vinculados a estructuras delictivas. Además, el presidente de la República deberá emitir el reglamento correspondiente para la aplicación de esta ley en un plazo máximo de 90 días tras su publicación en el Registro Oficial.
Finalmente, la legisladora destacó que estas reformas buscan dotar a los jueces de herramientas más firmes para garantizar justicia, proteger a la ciudadanía y recuperar la confianza en el sistema judicial ecuatoriano.
MEV
