El Pleno de la Asamblea, en la continuación de la sesión 050, con 77 votos afirmativos, respaldó de manera expresa las acciones implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a la desarticulación integral de las estructuras criminales vinculadas a la minería ilegal, al fortalecimiento de los mecanismos de prevención, control y sanción de las actividades ilícitas en el ámbito extractivo, así como a la identificación y erradicación de toda forma de corrupción o connivencia política que ampare dichas prácticas contrarias al orden jurídico y al interés nacional.
Asimismo, la Legislatura exhorta a las entidades que conforman la Función Ejecutiva a coadyuvar en la protección efectiva del patrimonio natural del Estado, la defensa del territorio nacional, la preservación del orden público y el cumplimiento irrestricto de la normativa vigente en materia ambiental, minera y penal; expresa el compromiso de la Asamblea de mantener un seguimiento permanente, técnico y transparente, en el marco de sus funciones de legislación y control político, sobre la implementación de las políticas públicas y de las acciones interinstitucionales orientadas a prevenir, controlar y erradicar la minería ilegal en todo el territorio nacional.
El documento será notificado y difundido oficialmente a través de los medios institucionales de la Asamblea y remitido a la Presidencia de la República del Ecuador; a los ministerios de Ambiente y Energía; de Defensa Nacional; del Interior; a las Fuerzas Armadas; y, a la Policía Nacional del Ecuador, para su conocimiento y fines pertinentes.
Luis Esteban Torres, proponente de la resolución, dijo que la minería ilegal es un problema de suma importancia para el país, que mueve casi dos mil millones de dólares al año. Con las acciones del Gobierno, dijo, solo en 2025, se ha logrado quitar a estos grupos alrededor de 630 millones de dólares en materiales, insumos y demás medios que utilizan para este negocio ilícito.
¿Y qué genera este problema?, consultó. Primero, contamina la economía del país, porque los recursos de esta actividad se lavan en segmentos formales; segundo, promueve más violencia e incentivos para que los grupos delincuenciales se metan en este negocio; y, tercero, destruye la naturaleza y no hay forma alguna de recuperarla. Pero no siempre fue así, porque la minería era ancestral y artesanal, mientras ahora ya tiene dimensiones industriales y es necesario combatirla.
En el debate, que contó con la participación de 12 legisladores, se recordó la masacre de 11 militares en el Alto Punino, en la selva Amazónica; hablaron de la contaminación de ríos en Azuay a causa de la minería ilegal; criticaron la entrega de concesiones mineras irregulares desde 2012, actividad que resulta más rentable que el narcotráfico. Pidieron se investigue cómo se enteran los grupos ilegales de los operativos que realizan las fuerzas del orden para evadir los controles; y, a la vez se alertó de la necesidad de incrementar las sanciones tanto para estas prácticas, cuanto para los delitos conexos, como la trata de personas, el sicariato, entre otros.
EG
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