Representantes de los Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía Nacional (Isspol) presentaron sus observaciones al Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, que la Comisión del Derecho a la Salud tramita en segundo debate.
El teniente coronel Christian Espinosa, director del Seguro de Salud de las Fuerzas Armadas, señaló que existen preocupaciones en torno a la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social. Sugirió que en el objeto de la ley se incorpore de manera explícita la promoción y la prevención. Es decir, que el objetivo sea establecer el marco normativo para la planificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas, planes y acciones integrales orientadas a la prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y control del cáncer, con el fin de reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a esta enfermedad.
Todo ello, para garantizar el derecho a la salud, la vida y el bienestar integral de las personas, conforme a los principios de equidad, universalidad, integralidad y solidaridad establecidos en la Constitución.
Dentro de las definiciones, propuso ampliar e incluir la de asesoramiento genético, precisando que constituye un componente esencial para la evaluación del riesgo, el diagnóstico molecular y la selección personalizada de terapias dirigidas, conforme a la evidencia científica actual. Además, resaltó la importancia de la integración de pruebas genómicas, farmacogenéticas y biomarcadores predictivos, que mejoran significativamente los resultados terapéuticos y la sobrevida global de los pacientes con cáncer, optimizando el uso racional de los recursos sanitarios, entre otras observaciones.
Por su parte, el doctor Francisco Murgueytio, encargado del área de calidad del Isspol, recomendó especificar que el marco normativo debe aplicarse tanto a la Red Pública Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública como a la Red Privada Complementaria, estableciendo de manera clara los componentes y responsabilidades de cada entidad en la planificación, desarrollo y ejecución de políticas, programas y acciones orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad por cáncer.
Para evitar ambigüedades sobre los roles y responsabilidades institucionales, sugirió incluir explícitamente la obligatoriedad para los profesionales de la salud y prestadores de servicios oncológicos privados. Asimismo, propuso que la ley contemple a convenios, asociaciones o terceros que presten servicios de forma indirecta (como laboratorios, transporte de pacientes o aseguradoras), a fin de garantizar una mayor claridad.
También recomendó precisar que los pacientes con cáncer tienen derecho al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, y que los prestadores de salud deben cumplir con las normas, guías de práctica clínica y protocolos oncológicos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, asegurando la pertinencia médica y la trazabilidad de la atención.
Al cierre de la sesión, el presidente de la Comisión, Juan José Reyes solicitó que las observaciones sean remitidas por escrito para su análisis desde la perspectiva jurídica.
RSA
