El asambleísta por la provincia de Morona Santiago, Edwin Jarrín, presentó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el propósito de modificar los artículos relacionados con la calificación automática de ofertas, así como establecer mecanismos idóneos y ágiles para la habilitación en el Registro Único de Proveedores (RUP), fortalecer los principios del sistema y promover la capacitación en la materia.
Según el autor de la iniciativa, “existen mecanismos, como los comités que conforman los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, municipales o parroquiales, que direccionan los procesos hacia ciertos contratistas o agrupaciones acostumbradas a adjudicarse todos los contratos”.
Por ello, el legislador propone reformar el artículo 21 de la mencionada ley, a fin de que los GAD sean también corresponsables social y ambientalmente. “Quienes otorgan los contratos deben ser igualmente responsables de los daños ambientales”, enfatizó.
Jarrín sostuvo que es necesario automatizar los procesos de contratación para eliminar la intervención de los comités, pues “en muchos casos se adjudican contratos a las ofertas más altas”. Añadió que “esta petición no es mía, sino de quienes han sido víctimas de los casos de corrupción”.
El texto propuesto dispone que, en los procedimientos dinámicos de contratación pública, como el catálogo electrónico y la subasta inversa electrónica, así como en la contratación de bienes y servicios, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) podrá implementar sistemas informáticos para la calificación automática de ofertas, optimizando los recursos humanos y logísticos disponibles, y considerando diversos criterios técnicos.
Asimismo, el legislador plantea brindar asistencia técnica periódica a los servidores de las entidades contratantes, con énfasis en la gobernanza de datos, la gestión de la información en el Sistema Oficial de Contratación Pública y los procedimientos de contratación. Estos programas deberán adaptarse a las necesidades específicas de los gobiernos autónomos descentralizados y ser evaluados de forma periódica para garantizar su efectividad.
AM
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