La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, dentro del tratamiento y previo a la construcción del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, recibió a Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador; y a Chester Salazar del Pozo, representante de la Asociación de Empresas Nacionales de Aviación.
Marco Subía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas del Ecuador, resaltó que, en general, el texto del proyecto es positivo, aunque planteó entre ellas la eliminación del Consejo Nacional de Aviación Civil, cuya estructura y funciones actuales dijo “ya no tienen razón de ser”, proponiendo que sus atribuciones pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Respecto al cabotaje aéreo, manifestó que el gremio mantiene una posición neutral, pues existen criterios divididos entre las aerolíneas nacionales. Sin embargo, advirtió que, de aprobarse su apertura a operadores extranjeros, deben garantizarse condiciones de competencia equitativas y un compromiso de conectividad nacional, evitando que solo se operen rutas rentables como Quito, Guayaquil o Galápagos.
También consideró innecesario mantener la obligación de registro de tarifas y balances ante la Dirección General de Aviación Civil, al tratarse de un proceso informativo que no se aplica en otros países y que genera sanciones sin justificación técnica. Asimismo, expresó su preocupación por el aumento desproporcionado de las multas al cambiar su base de cálculo a salarios básicos unificados, lo que dijo no encuentra sustento en la realidad operativa del sector.
Por su parte, Chester Salazar del Pozo, representante de la Asociación de Empresas Nacionales de Aviación, coincidió en que la renovación del marco normativo de la aviación ecuatoriana es un avance positivo y necesario, fruto de un trabajo técnico de casi dos años. Señaló que el proyecto de ley introduce cambios estructurales relevantes, como la posibilidad de una apertura condicionada al cabotaje aéreo, al incorporar en los artículos 116, 118 y 129 el principio de reciprocidad flexible.
Explicó que, aunque no se menciona expresamente el término, esta disposición podría permitir que operadores extranjeros soliciten autorización para vuelos domésticos, siempre que exista un acuerdo bilateral o reciprocidad efectiva. Advirtió, sin embargo, que esto representaría un cambio sustancial frente a la normativa vigente, donde el cabotaje está totalmente prohibido, por lo que recomendó un seguimiento riguroso y responsable en el debate legislativo.
Entre otros puntos, advirtió sobre la amplitud de las facultades sancionatorias y de suspensión de permisos por “justa causa” o “seguridad operacional”, que requieren mayor precisión procedimental, y llamó la atención sobre la obligación permanente de reportes estadísticos y contables, que debe armonizarse con la Ley de Protección de Datos. Finalmente, valoró positivamente la ampliación del Comité Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo, que incorpora a representantes del sector privado, fortaleciendo la coordinación público-privada y promoviendo una gestión más técnica, transparente y alineada con los estándares internacionales de la aviación civil.
MEV
