En el análisis del proyecto de Ley Orgánica del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, unificado con el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que lleva adelante la Comisión de Seguridad Integral, se receptaron las observaciones del Ministerio del Interior.
Santiago Ruiz, coordinador general jurídico, centró su exposición en los ejes principales relacionados con el objeto y naturaleza de la iniciativa, así como en el proceso de selección del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Uno de los temas principales de la propuesta fue la integración de servidores policiales en servicio pasivo al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia, lo que tendría un efecto positivo en la solución al déficit de personal.
En este aspecto, fundamentó que actualmente existen 25.000 servidores policiales en servicio pasivo, de los cuales apenas 371 están laborando. Por ello, planteó suprimir el descuento del 40 % en las pensiones de retiro, considerando que esta medida permitirá fortalecer la seguridad penitenciaria mediante la incorporación de personal con experiencia y preparación técnica operativa.
“Esta propuesta es clave para la seguridad nacional, pues permite un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos cualificados”, subrayó.
Ruiz, en otro eje, recomendó el endurecimiento de las sanciones previstas en el capítulo de Régimen Disciplinario, relativo a faltas y sanciones en el ámbito de la seguridad penitenciaria.
Por su parte, la asambleísta Jhajaira Urresta respaldó la ampliación del tiempo de preparación. Además, reveló un caso de presión y amenaza contra un servidor policial por cumplir con su trabajo. “No es el único caso”, precisó. Ante esta realidad, el legislador Andrés Castillo consideró oportuno trabajar en potenciales reformas constitucionales relacionadas con la Policía Nacional.
Por último, la presidenta Inés Alarcón reflexionó sobre los recursos destinados a los procesos de capacitación y formación, así como sobre los procedimientos para la depuración institucional.
AM
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