Acompañado del ministro de Trabajo, Harold Burbano, y del presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Pablo Beltrán, el legislador Manuel Blacio presentó el Proyecto de Ley de Institucionalización y Fortalecimiento del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). Esta iniciativa responde al mandato constitucional que reconoce el derecho a la capacitación como una necesidad frente a las exigencias del mercado laboral, orientado a la inclusión, la sostenibilidad y la innovación en beneficio de los trabajadores.
El legislador Blacio subrayó que la propuesta —que cuenta con el respaldo del CES y del Ministerio de Trabajo— es un impulso hacia una nueva visión de la educación. Su propósito es que estudiantes y trabajadores puedan acceder a un instituto que mejore su formación, especialmente quienes no lograron completar un nivel educativo y requieren herramientas tecnológicas para avanzar en el futuro.
“El fortalecimiento del SECAP resulta indispensable para dar respuesta a las transformaciones del mercado laboral, impulsando mayores oportunidades de inclusión y movilidad social”, afirmó el asambleísta.
Para Pablo Beltrán, la propuesta de ley busca mejorar la productividad y competitividad del país a través de una educación más integral para todas y todos. Señaló que, si bien el CES regula la educación formal, es necesario generar incentivos para que la educación no formal también aporte al desarrollo nacional.
De igual forma, el ministro Burbano agradeció la construcción de la propuesta y recordó que el SECAP ha servido para fortalecer tanto a servidores públicos como a trabajadores privados, de acuerdo con sus competencias y capacidades profesionales. Enfatizó que es necesario otorgarle autonomía administrativa y financiera, fortalecer su presupuesto y convertirlo en parte integral del sistema de educación superior mediante la capacitación continua.
“El Ministerio de Trabajo dará todo su apoyo para que el proceso de creación de la ley pueda llegar a buen término”, puntualizó.
Según el proyecto, con la aprobación de esta ley el SECAP podrá recuperar los recursos que dejó de percibir durante casi una década, situación que ha generado una profunda crisis institucional. Más allá del impacto financiero, esta carencia ha representado el abandono de la responsabilidad estatal en materia de capacitación y formación profesional en el Ecuador.
Los impactos futuros de la propuesta legislativa se traducen en beneficios sostenibles, como mayor estabilidad laboral, reducción del subempleo, incremento en la formalización del trabajo y fortalecimiento de la movilidad social.
A escala macroeconómica, se proyecta un aporte positivo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), derivado de la mayor productividad de la fuerza laboral y del incremento de la capacidad de innovación del país. En el ámbito social, se prevé la generación de nuevas oportunidades para el acceso a un trabajo digno y el fortalecimiento de un tejido productivo inclusivo y resiliente frente a los cambios tecnológicos y económicos que caracterizan a la sociedad actual.
RSA
