La Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por el legislador Jaime Estrada, decidió iniciar un proceso de fiscalización sobre el cumplimiento del régimen de trabajo y de contratación preferente de obras, bienes y servicios para los residentes permanentes de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA).
El asambleísta Héctor Valladares explicó que este proceso, que comprende el periodo: 01 de febrero de 2024 al 25 de noviembre del 2025, tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (R.O. 488, 30 de enero de 2024), específicamente la Sección III, referente al Régimen Especial Laboral y de Provisión de Bienes y Servicios. Esta reforma sustituyó el artículo 41 de la ley original (R.O. 245, 21 de mayo de 2018), normando la prioridad laboral y de contratación para los habitantes amazónicos.
Valladares señaló que la ley reconoce a los amazónicos beneficios y derechos que estarían siendo incumplidos, entre ellos el acceso preferente a empleos y la contratación de bienes y servicios de proveedores residentes en la región.
Por otro lado, sobre presuntas irregularidades en la Dirección Regional del Trabajo y Servicio Público de Quito, la Comisión solicitó en primera instancia la comparecencia del ministro de Trabajo, Harold Burbano Villarreal, y del exdirector regional Christian Marín Lavayen. Sin embargo, se conoció que la Comisión de Fiscalización y Control Político ya recibió previamente la comparecencia del ministro Burbano el 21 de noviembre, quien explicó el proceso de emisión del certificado de impedimento para ejercer cargo público y la desvinculación del exservidor Marín.
En virtud del artículo 26, numeral 3, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ninguna otra comisión puede requerir nuevamente la comparecencia de autoridades sobre la misma materia. Por lo que la Comisión de Fiscalización también plantea se deje sin efecto las solicitudes previas, evitando duplicidad de actuaciones.
En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad trasladadas a la cárcel “El Encuentro” de Santa Elena, la Comisión conoció la Resolución Nro. 004-2025-2027 de la Comisión de Seguridad Integral, que iniciará un proceso de fiscalización sobre el estado de los centros de privación de libertad del país, incluyendo infraestructura, seguridad, rehabilitación, salud, gobernanza y transparencia.
RSA
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