La asambleísta nacional Diana Jácome presentó en Gestión Documental el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud Mental, una propuesta orientada a fortalecer la normativa vigente y consolidar un enfoque integral, preventivo y prioritario en la atención de la salud mental en el país.
La iniciativa incorpora un enfoque promocional de calidad de vida y atención primaria en salud, y declara la salud mental como tema prioritario de salud pública e interés nacional. Entre los aspectos más relevantes, garantiza la asistencia psicológica y psiquiátrica, así como el acompañamiento psicosocial para familiares y cuidadores de personas con discapacidad, adultos mayores o ciudadanos que enfrentan enfermedades catastróficas.
El proyecto también impulsa una articulación intersectorial entre los sistemas de salud y educación. Plantea la creación progresiva de comités de salud mental en instituciones educativas, la definición de lineamientos técnicos a cargo del Ministerio de Salud Pública para la ejecución de tamizajes, y la implementación de estos procesos desde el sistema educativo, con el fin de establecer rutas de atención, alertas tempranas y entornos protectores para estudiantes y docentes.
Asimismo, la propuesta amplía los derechos de los usuarios del sistema de salud mental, garantizando el acceso a procesos psicoterapéuticos, psicoeducación individual y familiar, reconocimiento de incapacidad laboral según criterio clínico y la incorporación de contenidos de formación emocional desde la educación inicial. La disposición general establece que el Ministerio de Salud Pública deberá presentar un informe anual basado en los tamizajes aplicados en el ámbito educativo, mientras que la disposición transitoria fija un plazo de 180 días para la emisión de lineamientos técnicos e implementación progresiva de los comités de salud mental. Además, se incorpora en la Ley Orgánica de Educación Intercultural la obligatoriedad de incluir contenidos de educación emocional.
Durante la presentación, la legisladora Diana Jácome enfatizó la urgencia de reforzar el abordaje de la salud mental en el Ecuador. Recordó que, entre enero y septiembre de este año, más de 700 personas han intentado suicidarse en el país, cifras que evidencian la magnitud de la problemática. “Este proyecto nace de las necesidades no visibilizadas de miles de ciudadanos que enfrentan en silencio problemas de salud mental”, señaló. Subrayó, además, la importancia de garantizar atención profesional tanto para quienes viven estas condiciones como para sus familias y cuidadores.
También destacó la necesidad de reconocer la incapacidad laboral por motivos de salud mental, previa valoración clínica, y reforzar la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para realizar tamizajes periódicos en la comunidad educativa. Insistió en la urgencia de incorporar en la malla curricular formación emocional desde la primera infancia, como parte de una estrategia integral de prevención.
Finalmente, la asambleísta recordó que la salud física y mental están estrechamente vinculadas, por lo que es indispensable ajustar la normativa aprobada en 2024. Afirmó que estas reformas buscan garantizar atención prioritaria, tratamiento oportuno y mecanismos eficaces de prevención, reafirmando que la propuesta ha sido elaborada pensando en las necesidades reales del país y en el bienestar de toda la ciudadanía.
MEV
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