La asambleísta Arisdely Parrales Yagual presentó el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos de Consumidores y Usuarios en el Comercio Digital, con el objetivo de brindar seguridad y transparencia a quienes compran, viajan o contratan servicios en línea, y garantizar la inclusión de niños, adultos mayores y personas con discapacidad en el ecosistema digital.
Parrales destacó que la normativa vigente —la Ley de Defensa del Consumidor del año 2000— quedó desfasada frente a nuevas dinámicas como estafas digitales, algoritmos opacos, dark patterns y tráfico de datos personales. Recordó que el comercio digital en Ecuador creció más del 206 % entre 2018 y 2023 y que en 2025 podría superar los USD 5.000 millones, mientras que solo en 2024 se registraron 3.913 denuncias por delitos informáticos, un 7 % más que el año anterior.
Frente a ello, la legisladora propone una ley moderna, alineada con las Directrices de la ONU y la Agenda eLAC2024, para garantizar relaciones comerciales más equitativas, seguras y transparentes. Espera que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, califique el proyecto para iniciar su trámite y recibir aportes de sectores productivos, consumidores y otros actores. “La dualidad entre el comercio físico y el digital exige una normativa que verdaderamente proteja al usuario”, afirmó.
Sobre el proyecto de ley
1. Derechos blindados para consumidores
Protección estricta de datos personales y derecho a revocar consentimiento.
Retracto sin penalidades en 10 días hábiles si el producto no corresponde a lo ofertado.
Devolución en 3 días por fallas técnicas.
Portabilidad de datos y reparación integral ante daños.
2. Obligaciones claras para proveedores y plataformas
Estándares mínimos de seguridad: TLS 1.3 y autenticación multifactor.
Botón de cancelación visible para retracto o baja de servicios.
Responsabilidad solidaria: las plataformas responderán si no verifican a sus vendedores.
Auditorías anuales a algoritmos de precios dinámicos y sistemas de recomendación.
3. Reclamos ágiles y efectivos
Canales de atención 24/7 y línea gratuita.
Respuesta obligatoria en 15 días hábiles; de no haberla, el consumidor gana por defecto.
Multas de hasta 7 % de los ingresos anuales por dark patterns o cancelaciones ocultas.
5. Educación como protección
En un plazo de 360 días, el Ministerio de Educación deberá incorporar contenidos sobre educación digital y consumo responsable desde el nivel inicial hasta secundaria.
RSA
